Señor director:
Estamos viendo con mucha preocupación la seguidilla de acciones que están poniendo en riesgo y pasan por encima de los derechos reproductivos de las mujeres. Hace unos meses más de 100 mujeres se embarazaron por la irresponsabilidad de algunas farmacéuticas que vendieron anticonceptivos defectuosos.
Ahora las cadenas de farmacias están exigiendo a las mujeres una receta médica para la obtención de anticonceptivos por instructivo emitido por el ISP (Instituto de Salud Pública). Es importante señalar que, si bien los anticonceptivos son medicamentos, es fundamental que se vea el contexto para la disposición de esta reglamentación. Las mujeres tienen graves impedimentos para poder conseguir una receta, ya sea de médico o matrona, porque las horas son escasas y complejas de conseguir, además de que la movilidad de la ciudadanía está siendo reducida al máximo por la pandemia. Por esto es fundamental que se reevalúe la restricción.
El Estado no puede interferir en el acceso a un derecho humano y reproductivo, en el que las mujeres como sujetas de derecho deben tener el espacio para decidir respecto de su fertilidad, tener o no tener o hijos y cuándo tenerlos. Los anticonceptivos son la única forma de impedir embarazos no deseados.
Hasta cuándo las mujeres pagan con sus cuerpos la inconsciencia de quienes dirigen estos órganos estatales, cuya misión es resguardar a la ciudadanía y no ponerla en riesgo.
