¿Censura?: Rusia estrena ley que crea “lista negra” de sitios web
La normativa, que apunta a la creación de un registro de sitios que contienen información prohibida como pedofília o tráfico de drogas, para obligar a sus propietarios a cerrarlas, es vista como una fórmula para limitar -aún más- el acceso a Internet en el país.
Por RedacciónUna polémica ley sobre “listas negras” de sitios web ha entrado en vigor en Rusia con el objetivo de proteger a los menores contra la información “peligrosa”. No obstante, muchos observadores temen que este texto está destinado a censurar -aún más- Internet en el país.
La ley, firmada el sábado por el presidente ruso, Vladimir Putin, y publicada el lunes en Gazeta Rossiyskaya, prevé la creación de un registro de sitios web que contienen información prohibida por la ley, para obligar a sus propietarios o proveedores de servicios a cerrarlas.
Las autoridades gubernamentales podrán cerrar por su cuenta sólo los sitios que promocionen delitos como la pornografía infantil o el tráfico de drogas, pero para clausurar otro tipo de sitios web deberán contar con un dictamen judicial.
El problema es que la separación entre poderes no siempre está clara en Rusia y los jueces suelen seguir la pauta que les marcan los fiscales del Estado: por eso menos del 1% de los veredictos resulta ser “no culpable” en el sistema judicial ruso. “La creación, formación y gestión del Registro se llevará a cabo por un órgano del poder Ejecutivo”, según este documento.
Aprobada a mediados de julio por las dos cámaras del parlamento ruso, esta ley se aplica a los sitios de distribución de pornografía de carácter pedófilo, que promocionan del uso de drogas o aquéllas que dan consejos para suicidarse.
Sin embargo, muchos observadores sospechan que las autoridades quieren censurar la Red en general en el país, al aumentar el poder del ejecutivo sobre lo que se puede o no publicar.
En menos de tres meses Vladimir Putin ha intensificado los controles sobre la sociedad civil rusa después de un movimiento de desafío sin precedentes, con la adopción de una serie de leyes represivas, como la que condena a fuertes multas a los organizadores de manifestaciones no autorizadas o la que considera como “agentes extranjeros” las ONG que reciban financiación desde el exterior.
