Caso de soldados bolivianos se definirá este lunes en juzgado de Pozo Almonte

Los militares, detenidos y encarcelados tras ingresar con armamento de guerra a territorio chileno el pasado 25 de enero, se presentarán en el juzgado de garantía de Pozo Almonte.

La defensa de los soldados y la fiscalía podrían dar a conocer durante la audiencia un acuerdo para cerrar el caso y expulsar del país a los conscriptos.

Algunas de las posibilidades son un procedimiento abreviado o la suspensión condicional del proceso, aunque también se podría decidir llevar el caso a un juicio oral.

El fiscal de la región de Tarapacá, Manuel Guerra, manifestó que la “situación más difícil” es la del soldado José Fernández, que es quien portaba el fusil FAL en el momento de la detención.

El canciller chileno, Alfredo Moreno, ratificó que esta polémica debe resolverse por la vía judicial, algo que, dijo, espera que suceda “a la brevedad”.

“Este tema, para poder resolverlo, debe ser tratado a través de la justicia y, naturalmente, contando con la colaboración de los conscriptos y su defensa”, dijo el jefe de la diplomacia chilena

Bolivia defiende que los tres soldados, que tienen entre 18 y 21 años, ingresaron inadvertidamente en territorio chileno durante una operación contra el contrabando de vehículos.

Las autoridades bolivianas esgrimen además que la frontera entre ambos países no está claramente señalizada en el sector donde se realizaron las detenciones, algo que fue rechazado por el canciller chileno.

“En esa zona existen doce hitos de hierro que demarcan la frontera”, señaló Moreno, quien añadió que los militares conocen bien la zona.

El canciller relató que los carabineros del sector de Colchane, fronterizo con Bolivia, recibieron la primera denuncia de la presencia de los soldados bolivianos en territorio chileno a las 8.30 hora local del 25 de enero, aunque no fueron detenidos hasta unas cinco horas después.

“O sea, hubo personal boliviano en Chile, armado, durante muchísimas horas”, señaló.

El ministro de Relaciones Exteriores sostuvo que informó del operativo policial a su homólogo boliviano, David Choquehuanca, “en el momento mismo de la detención”.

Moreno descartó que el asunto se pudiera haber resuelto por otra vía que no fuera la judicial, ya que el porte de armamento de guerra es un delito que en Chile se castiga con la cárcel.

“Los carabineros tienen la obligación de poner a estos conscriptos ante la fiscalía“, dijo el canciller, quien precisó que el gobierno “no tiene las facultades para expulsar a una persona si está en proceso por un tribunal”.

“En Chile hay separación de poderes. El gobierno tiene ciertas facultades, la justicia tiene otras”, agregó.