La voz de los diaguitas: Fallo por Pascua Lama no es suficiente para proteger a la gente del Valle del Huasco

Las organizaciones ambientalistas y comunidades indígenas que a lo largo de más de 10 años han sostenido la defensa del Valle del Huasco, no ocultaron su beneplácito tras el fallo judicial del lunes último en el que la Corte de Apelaciones de Copiapó, confirmó la paralización del polémico proyecto minero Pascua Lama.

En su declaración pública las diversas agrupaciones aplauden la decisión de las autoridades judiciales, que han comprendido algunas de las inviabilidades “de la megaminería química en los ecosistemas glaciares y periglaciares“, sin embargo a renglón seguido, subrayan la urgencia de revocar la Resolución de Calificación Ambiental del que viene siendo el proyecto minero más fiscalizado de Chile, así como “el primer proyecto minero binacional del planeta” en un territorio vivo de alta cordillera que no desea ser “zona de sacrificio” de la minería transnacional.

En esta línea, Rubén Cruz, miembro de la Comunidad Diaguita Patay Co, e integrante del Comité Esperanza de vida, en diálogo con ALER, detalló las razones por las que el proyecto debiera clausurarse.

“Nosotros creemos que la Resolución de Calificación Ambiental no asegura la vida en el Valle del Huasco, ahora estamos pagando las consecuencias frente a todo ese daño irreparable que ellos pagaron con 16 millones de dolares y que finalmente se les descontó el 25%”, dijo Cruz.

Rubén Cruz, quien asistió el pasado 17 de julio a la sesión de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados conformada para fiscalizar las irregularidades e incumplimientos de Barrick, comentó que en dicha ocasión se encontró con organizaciones, como la Junta de Vigilancia de la Cuenca del Río Huasco, que pasaron de opositores al proyecto aurífero a autodenominarse como ‘representantes’ de las comunidades de regantes, subordinándose a la transnacional. Esto con el fin de tranzar beneficios económicos particulares, por encima de los derechos comunes al agua y a la vida, y también desconociendo los derechos de autodeterminación y voz propia de comunidades como la Diaguita Patay Co.

A juicio de Cruz, “se envió una carta deslegitimando a estos entes como representantes de todos los regantes ya que la Junta de Vigilancia firmó un protocolo de acuerdo de 60 millones de dólares y no ha trabajado en poder salvaguardar la vida y trabajar para los agricultores sino que para la empresa minera Barrick”.