Familiares de víctimas del caso "degollados" apelan a libertad de condenado

Los familiares de tres profesionales degollados en 1985 por agentes de la dictadura de Augusto Pinochet apelaron hoy ante la Corte Suprema por la libertad condicional otorgada a uno de los autores materiales del crimen, informaron fuentes del caso.

La apelación, presentada por el abogado Fernando Leal en representación de los familiares, pidió al máximo tribunal chileno que revoque el beneficio concedido al excabo de Carabineros Alejandro Sáez Mardones, condenado a cadena perpetua por los asesinatos de José Manuel Parada, Santiago Nattino y Manuel Guerrero, en marzo de 1985.

El sociólogo José Manuel Parada, el profesor Manuel Guerrero y el pintor Santiago Nattino, miembros del Partido Comunista, fueron secuestrador por agentes de la Dirección de Informaciones de Carabineros, que los degollaron y abandonaron los cadáveres en un camino rural en las afueras de Santiago.

El “caso de los degollados” como lo llamó la prensa, fue aclarado en una investigación llevada a cabo primero por el juez especial José Cánovas y después por el magistrado Milton Juica, que en 1994 condenó a una quincena de oficiales y suboficiales de carabineros, cinco de ellos a cadena perpetua, en un fallo ratificado después por los tribunales superiores.

El crimen también le costó el cargo al general director de Carabineros, César Mendoza Durán, que también era miembro de la Junta Militar que gobernaba junto a Augusto Pinochet.

Hace unos días, la Corte de Apelaciones de Santiago otorgó la libertad condicional a Sáez Mardones y a Miguel Muñoz Uribe, sobre la base del antiguo sistema procesal chileno, que permitía a los condenados a cadena perpetua acceder a beneficios después de pasar 20 años en prisión efectiva.

Los familiares de las víctimas consideraron “una vergüenza” la resolución del tribunal de alzada y anunciaron que si no es revocada por los tribunales chilenos recurrirán al sistema interamericano de los derechos humanos.

Según el abogado Leal, no se pueden asimilar normas referidas a delitos comunes a crímenes de lesa humanidad.

Leal, además de presentar el recurso ante la Corte Suprema, alegó hoy en la II Sala de la Corte de Apelaciones, que celebró una audiencia sobre la solicitud de libertad condicional de otro de los condenados, el exmayor Guillermo González Betancourt, quien ya goza de algunos beneficios penitenciarios desde el año 2012.

A la audiencia no se presentó el abogado del oficial y en su intervención, el abogado de las familias de las víctimas argumentó que el exmayor no se ha rehabilitado, de acuerdo con informes psicológicos elaborados por Gendarmería (servicio de prisiones).

Durante la dictadura de Pinochet, según cifras oficiales, unos 3.200 chilenos murieron a manos de agentes del Estado, de los que 1.192 figuran aún como detenidos desaparecidos, mientras otros 33.000 fueron encarcelados y torturados por causas políticas. EFE

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