Testimonio judicial acusa de soborno a socio de Caval en concesiones hospitalarias

El administrador público de la Universidad de Chile, Patricio Cordero (62) explicó a la fiscalía que su estado de salud era frágil y por tanto, atrasó su declaración algunas semanas ante el fiscal regional de O’Higgins, Luis Toledo. Pero la espera valió la pena, ya que estas fueron potentes hasta el punto que Toledo decidió mantenerlas en secreto hasta ahora.

El equipo de persecutores de la Sexta Región esperaba el testimonio de Cordero desde los primeros días de abril. A raíz de que su apellido apareció en la investigación por presuntos delitos de negociación incompatible, tráfico de influencias y cohecho. Pese a que su rol en las operaciones no era claro, se le percibía como cercano a Mauricio Valero, socio de Natalia Compagnon -la esposa de Sebastián Dávalos y nuera de la Presidenta Michelle Bachelet- en la empresa Caval. Además, se lo veía como uno de los intermediarios en el polémico negocio de los predios de 44 hectáreas en Machalí.

En su primer testimonio, Compagnon aseguró que “Ese acuerdo lo realizó Mauricio (Valero) y yo no participé, pero lo acepté, aunque me pareció injusto, porque nosotros pusimos la cara y nuestro patrimonio, y ellos sólo cooperaron en traer el negocio”, agregando que además recalcó el nexo de los dos personajes con la UDI para poner en duda sus intenciones. “Ahora puedo pensar que se nos ofreció un excelente negocio, pero, además, que se pudo haber empleado para hacernos daño a mí y a mi familia, atendida la exposición que nos acompaña”, agregó.

Cordero dialogó con los fiscales el mediodía del martes 18 de mayo. Pese a que su hermano Luis había sido uno de los fundadores del partido, aseguró que nunca fue militante activo, pese a que alguna vez integró una lista encabezada por José Antonio Kast para la presidencia de la tienda y a haber trabajado en ambas campañas presidenciales de Joaquín Lavín.

Al ex ministro lo conoció en los años 80. Fue su administrador municipal en sus distintos períodos como alcalde de Las Condes y Santiago y juntos crearon Banigualdad, la fundación de microcréditos en la que actualmente trabaja Cordero, en el cargo de gerente general, por un sueldo líquido de $ 4,6 millones, según informa un reportaje publicado hoy por La Tercera.

Cordero inició su participación en la trama de Caval en el año 2009. Ahí conoció a Mauricio Velero, que por ese entonces era gerente general de la empresa Tech Data. Isaac Givovich, esposo de Asunción, hija de Joaquín Lavín, quien fue condenada recientemente por giro doloso de cheques, tenía un proyecto para equipar salas de clases de colegios y universidades con computadores y llevó a Cordero a una reunión en las oficinas de Tech Data. “Por esa vía nos conocimos. Era una persona agradable y mantuvimos el contacto de forma esporádica”, declaró Cordero.

Si bien esa iniciativa no llegó a puerto, a partir de ese encuentro Cordero se convirtió en un testigo privilegiado de los proyectos de Valero y luego socio comercial de la empresa que éste formó con Natalia Compagnon: Exportadora y de Gestión Caval Ltda.

Valero se encontraba fuera de Tech Data cuando comenzó a verse con Cordero en las oficinas de Banigualdad. Generalmente asistía después de las 5 de la tarde. Cordero reveló que en esas reuniones, Valero siempre buscaba oportunidades, pensaba en grandes negocio “sin respaldo” y en los cuales sólo contribuía con ideas. Así fue como después de una entrada fallida al rubro de la construcción en Talca, que Valero le comentó su interés en las concesiones hospitalarias.

Mediante la empresa Caval, Valero se puso a asesorar a la empresa de informática Saydex en marzo de 2012, ofreciendo respaldar sus ofertas para diversos hospitales: el San Borja Arriarán, Maipú y la Posta Central, Rancagua, Talca y Concepción con su trayectoria en el rubro tecnológico. Con este panorama, Cordero le informó que conocía a Nivaldo Mora, en ese momento director del Servicio de Salud Central Metropolitano, y que podía realizar una reunión entre los tres. Cabe agregar que Mora había trabajado en Redes Asistenciales, como jefe de gabinete del subsecretario Luis Castillo, durante el gobierno de Sebastián Piñera.

Cordero confesó que el propio Valero fue quién lo invitó a participar como asesor en el tema. ¿Gratis? No, y aquí lo grave de la acusación: Sus gestiones serían a cambio de 50 millones de pesos. Y también habló del interés económico que Mora tenía en la operación. “Me consta que Mauricio Valero le hacía llegar dinero en efectivo. En una de las reuniones en las que estuve presente, Valero acordó pagarle la suma de $ 25 millones por sus gestiones”, dijo Cordero. Si esta acusación resultara cierta, significaría que Valero y Mora habrían cometido, respectivamente, soborno y cohecho.

Finalmente, las licitaciones del San Borja y la Posta fueron ganadas por Saydex, mediante el procedimiento de Grandes Compras. Antes, había firmado un contrato anexo con la empresa que se adjudicó el Hospital de Maipú. De acuerdo a Cordero, “la licitación fue adjudicada a Saydex, pero esto pasa por un comité de evaluación y no fueron relevantes las reuniones”. Pese a esto, la empresa informática le pagó a Caval los $ 170 millones que se habían pactado por sus servicios.

Por su parte, el gerente general de Saydex, Juan Rodriguez, aseguró en su declaración no conocer las gestiones que realizaba Valero para promover la empresa. “Tampoco preguntaba, ya que como se iba a cancelar de acuerdo al resultado, no era necesario”, dijo a la fiscalía. Consultado al respecto, Rodríguez asegura que han colaborado con el Ministerio Público desde el primer momento y aclara que ellos habían suscrito 50 contratos con distintos servicios de salud pública entre 2003 y 2011, antes del contrato con Caval, y otros 20 entre 2012 y 2015.

“Empezamos los procesos técnicos varios meses antes de Valero, con las pruebas conceptuales del software ante más de 100 personas”, explicó.

Por esa época, Caval también mantenía negocios con el empresario Gonzalo Vial Concha. Según testimonio de Cordero, uno de los servicios correspondía a asesorías comunicacionales para revertir la visión negativa que la comunidad de Freirina tenía sobre la planta de Agrosuper. Fue él quien le recomendó a Valero que le asignara esta labor al gestor inmobiliario y antiguo operador político de la UDI Juan Díaz. Los tres se reunieron y Valero le dio el visto bueno a Díaz, quien pidió $ 47,5 millones por el trabajo. Este monto le fue entregado a través de una sociedad de Cordero, Lo Beltrán Ltda., en dos cheques, el primero en agosto de 2012 y el segundo en marzo de 2013.

Por su asesoría para enfrentar el tema de Freirina, Cordero menciona también haber recibido el mismo monto que Díaz.

El reportaje también señala que hay otra revelación de aquel primer año de Caval,  la cual podría tener consecuencias judiciales para sus implicados, ya que Cordero confiesa haber suscrito dos contratos antedatados junto a Valero, para que este último “justificara gastos” y “eludiera impuestos”. El primero fue fechado en marzo de 2012 -aunque en realidad fue firmado a comienzos de 2013- por $ 270 millones y se refería a asesorías comerciales en proyectos de gestión minera y financiera. Estos nunca se prestaron. “La verdad es que ahora puedo decir que fue una cifra que puso Valero para justificar las facturas del año 2012, las cuales consiguió fraudulentamente, sacándolas de mi contabilidad”, aseveró Cordero, apuntando a la querella por falsificación de instrumento privado mercantil y uso malicioso de instrumento privado mercantil que presentó en contra de Valero y de su propio contador, Roberto Castro, quienes se habrían concertado para incorporar 19 facturas de Lo Beltrán a los libros de Caval.

El segundo contrato está fechado en marzo de 2013, pero habría sido pactado a fines de ese año, por $ 20 millones.