Gobierno se “aprieta el cinturón” y congelaría sueldo de ministros y parlamentarios

La economía venía dictando la pauta desde mediados de este año. Tras el cambio de gabinete y con el entonces nuevo ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, el gobierno empezaba a instalar una serie de conceptos: desde “priorización” y “jerarquización”, como los planteaba el vocero Marcelo Díaz, hasta el entonces confuso “realismo sin renuncia” planteado por la Presidenta Michelle Bachelet.

Esto dio paso a una serie de especulaciones en torno a los aspectos del programa del gobierno que empiezarían a reconsiderarse, matizarse o incluso descartarse, todo con el foco en proteger a nuestro país de los embates de la desaceleración internacional. “No estamos por entrar en aventuras que no sean posibles mantener”, indicó el dueño de la billetera fiscal.

Si el escenario se avizoraba austero, hubo una motivación más en torno a este tema, a causa del terremoto 8,4 grados richter y posterior tsunami que afectó a la zona centro-norte del país, con un especial foco en la IV región. “La palabra priorizar suena más fácil de entender”, indicó la semana pasada el titular de Hacienda.

La revisa Qué Pasa indica que Bachelet le encomendó a Valdés encontrar una forma que “limite el reajuste de remuneraciones” de las autoridades del Estado.

Ésta estaría incluída en el proyecto de reajuste para el sector público del próximo año, el que debe ingresar en noviembre para comenzar a regir a partir del 1 de diciembre.

En aquel contexto, el secretario de Estado habría sostenido diversas reuniones con Patricio Walker (DC) y Marco Antonio Núñez (PPD), presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados respectivamente, los que han presentado propuestas que contemplan el congelamiento de remuneraciones de ministros, subsecretarios, parlamentarios, intendentes y gobernadores a discutir en el próximo reajuste. Es más: se planteó incluso un reajuste escalonado más allá del 2016, lo que impactaría se reflejaría en la devaluación de la dieta parlamentaria en 5 años.

Esto no se quedaría en estas remuneraciones, sino que también de regularían las remuneraciones a honorarios, lo que terminaría afectando a los asesores de los ministerios y subsecretarías, limitándolo en torno al máximo que percibe un jefe de servicio -que gira en torno a 8 y 6 millones de pesos bruto.