Movilh denunciará al Estado ante la CIDH por romper acuerdo de matrimonio igualitario
El presidente de la organización señaló que la decisión se tomó debido a que el Gobierno rompió los compromisos del Acuerdo de Solución Amistosa, que fue declarado vinculante por la Contraloría.
Por Brenda Martínez
El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) anunció que interpondrá una denuncia en contra del Estado de Chile ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por no cumplir el compromiso de legislar el matrimonio igualitario.
De acuerdo a lo informado por el movimiento, recurrirán a la instancia luego de que el Ministerio de Justicia, encabezado por Hernán Larraín (UDI), eliminara del Plan Nacional de Derechos Humanos el compromiso de “impulsar” el matrimonio igualitario, cambiándolo por el de “monitorear” el proyecto de ley que en la actualidad tramita la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado.
Ramón Gómez, el encargado de DD.HH. del Movilh, detalló que “en 2016 el Estado de Chile firmó con nuestra organización un Acuerdo de Solución Amistosa (ASA) donde se comprometió a impulsar el matrimonio igualitario. Este acuerdo fue declarado en 2018 legal y vinculante por la Contraloría General de la República, por lo que presentaremos un requerimiento ante la Contraloría a objeto de que el Plan Nacional de Derechos se ajuste a este compromiso”.
En ese sentido, Gómez agregó que “fue en virtud de este acuerdo que el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet presentó al Congreso Nacional el proyecto de matrimonio igualitario. Y fue también por ello que añadió el compromiso de impulsar la ley en el Plan Nacional de Derechos Humanos, que ahora el actual Ministerio de Justicia edita y cambia de manera unilateral y sin el concurso de la sociedad civil”.
Por su parte, el dirigente del Movilh, Rolando Jiménez, argumentó que “el Ministerio de Justicia está desafiando a sistema interamericano de Derechos Humanos al romper con los compromisos del Acuerdo de Solución Amistosa. Por ello denunciaremos al Estado ante la CIDH e iremos a la Contraloría”.
