En la segunda jornada del juicio oral que enfrentan Francisco Solar y Mónica Caballero como únicos imputados por el delito de envío e instalación de artefactos explosivos en Huechuraba, Vitacura y Las Condes, uno de los imputados descartó hacer el uso de su derecho a silencio y entregó su testimonio en el proceso que enfrenta por apuntar como objetivo, entre otros lugares, la oficina del ex ministro Rodrigo Hinzpeter y la 54° Comisaría de Huechuraba.
La Fiscalía de Alta Complejidad Metropolitana Sur pidió al tribunal más de 170 años de cárcel para la pareja anarquista, donde 20 a 25 años de ellos son solicitadas para la mujer al tener responsabilidad en uno de los hechos por los que están enfrentando a la justicia en el denominado Caso Bombas IV.
Solar, quien en España fue condenado por poner una bomba en la Basílica de Zaragoza y afectar en un tímpano a una de las asistentes en 2013, reconoció el envío de artefactos explosivos y entregó detalles de cómo aprendió a confeccionar este material subversivo.
El fiscal Álex Cortez aseguró que lo declarado por el acusado podría formar parte de la defensa para que no se concreten los años de prisión que exige el Ministerio Público por estos casos mencionados y otros como el ocurrido en la empresa Tánica.
El testimonio de Solar
La pólvora negra y el sistema eléctrico los aprendí a confeccionar de las carpetas del Caso Bombas I, donde la policía detalló minuciosamente las características de cada artefacto explosivo y cómo se hacía. Específicamente, el paquete explosivo lo aprendí de una revista que encontré en España”, declaró Solar.
“Este es un derecho que tiene el imputado en relación a poder dar cuenta de su participación en los hechos y finalmente puede estar orientada como estrategia procesal a obtener una condena menor por algún atenuante y la colaboración sustancial”, dijo el fiscal Cortez.
Solar, antes de partir a España, estuvo implicado en la instalación de artefactos explosivos en la Agencia Nacional de Inteligencia (enero de 2006), en una de las instalaciones del Consejo de Defensa del Estado (diciembre de 2006) y en una oficina de Chilectra en La Cisterna (octubre de 2007). En 2012 quedó en libertad y el argumento del Tribunal de Juicio Oral en Lo Penal de Santiago fue que los peritajes tuvieron el carácter de “parcial”, por lo que los cargos fueron desestimados.
