Todos los detalles sobre la detención de Camila Polizzi en el marco del caso Lencería

Este martes, la Policía de Investigaciones (PDI) llevó a cabo la detención de Camila Polizzi y otras cuatro personas en el marco de las investigaciones relacionadas al caso Lencería.

A ella, se suma la captura de su ex pareja, Sebastián Polanco, su hermano, Diego Polanco y los ex funcionarios del Gobierno Regional del Biobío Rodrigo Martínez y Simón Acuña, ex jefe de la División de Desarrollo Social y Humano.

El 13 de julio de este año, la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía Regional del Biobío inició una investigación de oficio por supuestas irregularidades en el traspaso de fondos por parte del GORE Regional a la Fundación En Ti, vinculada a la ex candidata a alcaldesa.

Los delitos que imputa la Fiscalía a Polizzi y ex funcionarios

La fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, declaró que dentro del marco del caso lencería, Polizzi y los hermanos Polanco fueron acusados por los delitos de estafa, falsificación de documento oficial, usurpación de identidad y lavado de activos.

“Los siguiente pasos son que dentro de las próximas 24 horas, y a instrucción del Juzgado de Garantía de Concepción, debemos llevarlos a una audiencia, primero de control de detención y luego de formalización”, sentenció Cartagena.

En tanto, Alarcón y Acuña serán acusados por los mismos delitos detalló la abogada: “En el caso de los dos funcionarios públicos, esta orden se ha despachado por el delito de fraude al Fisco en vinculación con ambos”, detalló.

Finalmente, la jurista adelantó que la audiencia de formalización de los detenidos debiese realizarse el próximo miércoles.

La restitución de los recursos y el curso investigativo

La diputada por el distrito 20° Marlén Pérez (IND) declaró para EL DÍNAMO que “era evidente que debía existir una medida cautelar mucho más gravosa para este caso debido a la naturaleza de los hechos y por el descaro del mal uso de los recursos públicos”.

Asimismo, la parlamentaria expresó que “es una buena noticia que va en el camino correcto y que ahora lo importante es que las instituciones funcionen, que hagan su trabajo de la forma más diligente posible porque acá no puede haber espacio para la impunidad”.

Pérez finalmente destacó la importancia de la restitución de los recursos, “porque acá lo únicos que pierden son las personas”, precisó.

Por su lado, la diputada de la región del Biobío, María Candelaria Acevedo (PC) valoró por medio de un comunicado la decisión de Fiscalía cuanto a levantar y ejecutar estas ordenes de detención.

“Creo que es un paso más en la lamentable situación que ha ocurrido, en donde los recursos que se entregan para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y especialmente los que son de mi distrito no son ejecutados como corresponde”, aseveró la autoridad regional”, aseveró la autoridad regional.

Por su parte, el Gobierno Regional del Biobío -por medio de una declaración pública- sostuvo que está comprometido con la transparencia y el apego irrestricto a la legalidad en todos sus actos. Destacando que los eventos se enmarcan en una investigación en curso, la cual respetan institucionalmente, junto con el Ministerio Público.

“Nuestra institución reafirma su compromiso con la comunidad para mantener la integridad de nuestras acciones y el cumplimiento de nuestras responsabilidades en beneficio de la ciudadanía. Seguiremos trabajando con total dedicación y con el objetivo primordial de contribuir al desarrollo y bienestar de la Región del Biobío”, declaró el estamento.

Antecedentes del Caso Lencería

El pasado 17 de agosto, la Brigada Investigadoras de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI allanó la vivienda de Polizzi debido a las diligencias del caso.

Luego, el 29 de agosto, el Juzgado de Garantía de Concepción la excluyó como querellante en la causa, en tanto se indaga la relación entre la excandidata y el Gore del Biobío.

A fines de 2022, la modelo habría recibido por asignación directa $250 millones mediante la fundación En Ti. Se presume que la exaspirante al municipio penquista “arrendó” esa entidad para obtener recursos desde la repartición regional para proyectos cuya ejecución están en entredicho.

Al justificar los gastos se presentaron boletas por compras de ropa interior, además de prendas de marca, restaurantes y comprobantes de delivery. Por ello, la investigación comenzó a ser llamada como el caso Lencería.