Una serie de amenazas de bomba enviadas mediante correos electrónicos anónimos provocó este lunes la evacuación de diversos recintos públicos y espacios de alta concurrencia en Santiago, entre ellos el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM), el Centro de Justicia, los Juzgados Civiles y el Zoológico Nacional del Parque Metropolitano.
La situación activó los protocolos de emergencia y motivó un amplio despliegue del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros, cuyos equipos realizaron inspecciones preventivas para descartar la presencia de artefactos explosivos en los distintos recintos afectados.
El seremi de Seguridad Pública de la Región Metropolitana, Juan Andrés Barrientos, explicó que las alertas surgieron a partir de correos electrónicos dirigidos a diferentes instituciones y precisó que no existe evidencia de una amenaza masiva o de una acción coordinada de gran magnitud. Según indicó, los mensajes fueron enviados de manera anónima y hasta ahora no hay antecedentes que permitan vincularlos con alguna organización específica.
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Uno de los puntos afectados fue el GAM, donde se desarrollaba una actividad relacionada con Inteligencia Artificial. La evacuación incluyó a autoridades y asistentes, entre ellos la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, quien abandonó el recinto siguiendo las instrucciones de seguridad.
En paralelo, el Centro de Justicia y los Juzgados Civiles suspendieron temporalmente sus actividades mientras se realizaban las revisiones correspondientes. Funcionarios, abogados, usuarios y público general fueron evacuados de forma preventiva para resguardar su integridad.
A estos procedimientos se sumó la evacuación del Zoológico Nacional, ubicado en el Parque Metropolitano de Santiago, luego de que también fuera considerado dentro de las amenazas recibidas por correo electrónico. La medida obligó a retirar a visitantes y trabajadores mientras personal especializado verificaba la seguridad del recinto.
Ante la gravedad de los hechos, el Ministerio de Seguridad Pública anunció que presentará denuncias y querellas por los delitos de amenaza de bomba y alarma pública. Las autoridades buscan identificar a los responsables de los mensajes y determinar las eventuales sanciones penales que correspondan.
Las diligencias continúan para establecer el origen de las comunicaciones y esclarecer una situación que alteró el normal funcionamiento de instituciones públicas, centros culturales y espacios recreativos de la capital durante gran parte de la jornada.
