El Tribunal Constitucional (TC) asestó su primer golpe a la agenda legislativa del presidente Kast declarando inconstitucionales cuatro artículos de Escuelas Protegidas, el proyecto del Gobierno para reforzar la seguridad escolar.
El alcance del fallo, sin embargo, no se agota en la sala de clases. La norma más relevante que el tribunal dejó fuera —la inhabilidad de cinco años para acceder a la gratuidad en la educación superior que pesaba sobre condenados por delitos graves— replica el mecanismo que busca instaurar el Gobierno en otra de sus iniciativas: el Registro Único de Vándalos e Incivilidades, que recién entra a tramitación.
El proyecto, firmado por Kast tras su primera Cuenta Pública y despachado al Congreso con suma urgencia, contempla restringir el acceso a la gratuidad, la Pensión Garantizada Universal y el subsidio de arriendo a quienes queden inscritos por actos vandálicos o incivilidades. Es decir, condicionar beneficios sociales a la conducta del beneficiario, exactamente la lógica que el TC acaba de objetar en materia educacional.
Si bien los fundamentos de la resolución aún no son publicados, en el oficialismo, la resolución se leyó como un anticipo del criterio que tendrá el TC en esta y otras materias similares. Esto, puesto que los argumentos con los que acudió la oposición van en esa dirección: no se puede limitar el acceso a derechos sociales en base a sanciones penales.
El exministro Luis Cordero, antes del fallo, advirtió que retirar beneficios sociales “puede ser inconstitucional”; el especialista en protección de datos Marcelo Drago calificó la propuesta de “muy peligrosa”; y la expresidenta del TC, Marisol Peña, anticipó: “Esto puede tener un impacto en lo que tiene que ver con el Registro de Vándalos”.
La oposición, además, ya anticipó la reserva de constitucionalidad apuntando al principio non bis in idem, es decir, que nadie puede ser juzgado ni sancionado dos veces por el mismo hecho. En Chile está reconocido implícitamente en la Constitución y explícitamente en el Código Procesal Penal.
Consultado por EL DÍNAMO, el presidente del PPD, Raúl Soto, sostiene que “el TC nos recuerda que hay que hacerlo cuidando las garantías y sin condicionar derechos sociales como la gratuidad”.
Y acota que el reciente fallo del TC es “una señal que conviene tomar con altura de miras, también para proyectos como el Registro de Vándalos: legislar con rigor desde el inicio, escuchando los reparos de constitucionalidad, nos permite construir herramientas que sean eficaces y que se sostengan en el tiempo”.
Tras conocerse la determinación, la bancada de la UDI fue la primera en reaccionar anunciando una reforma constitucional para reponer el veto a la gratuidad bajo la fórmula de “respetar, pero no compartir”.
El vicepresidente del partido, el diputado Eduardo Cretton, afirma a EL DÍNAMO que “por supuesto que los fallos del Tribunal Constitucional se tienen que respetar, pero nosotros vamos a seguir insistiendo en nuestra idea central, que es que aquel que comete delitos no puede recibir beneficios con la plata de todos los chilenos”.
Según el gremialista, ese es el punto central de la discusión “tanto en el proyecto Escuelas Protegidas como respecto al Registro Único de Vándalos”.
Consultado sobre si el registro requerirá un trabajo legislativo fino para no terminar impugnado ante el TC, Cretton valoró que el Gobierno se haya abierto a extender sus plazos de discusión “para que cumpla con todos los estándares”.
El subjefe de la bancada de RN, Eduardo Durán, fijó la misma línea: “Si durante la tramitación es necesario perfeccionar aspectos jurídicos para asegurar la constitucionalidad de un proyecto, hay que hacerlo. Pero lo que no podemos permitir es que las discusiones legales terminen siendo una excusa para frenar iniciativas que apuntan a recuperar el orden”, dijo a este medio.
