El Gobierno no pasó su primera prueba en el Tribunal Constitucional. El órgano jurisdiccional declaró inconstitucionales algunas disposiciones centrales de la ley Escuelas Protegidas, después de que la oposición solicitara un pronunciamiento de su parte.
En detalle, el TC declaró inconstitucional la facultad de los sostenedores para revisar mochilas, bolsos y pertenencias de los estudiantes ante eventuales riesgos para la comunidad educativa, así como la intervención de las policías para realizar estos procedimientos, el impedimento de admisión de estudiantes que hubieran sido expulsados previamente y la pérdida de la gratuidad universitaria por cinco años para alumnos condenados por delitos. También el tribunal objetó parcialmente la restricción de prendas o accesorios alusivos a la violencia o que impidieran la identificación facial de los alumnos.
En diálogo con radio Infinita, la ministra de Educación María Paz Arzola (IND) sostuvo que están a la espera de los argumentos del TC al respecto, “porque nuestro objetivo sigue siendo el mismo” y para “ver cómo proceder si es que hay alguna acción adicional que podamos tomar”.
“Nosotros somos respetuosos, evidentemente, de la institucionalidad. Respetamos, por supuesto, la decisión que tome el tribunal y nuestro objetivo sigue siendo el mismo que es avanzar en la protección, en la seguridad en las escuelas, en poder entregar herramientas a los colegios para que puedan prevenir también hechos que escapan de sus posibilidades resolver”, advirtió.
La secretaria de Estado también valoró que las disposiciones de Escuelas Protegidas que daban más facultades a los docentes o incorporaban filtros a las denuncias por convivencia que realizan los establecimientos a la Superintendencia de Educación “son avances que ya tenemos asegurados”, porque no fueron impugnados por el TC. “Estamos más adelante de lo que estábamos antes de esta ley”, destacó.
