El exdirector de Migraciones, Luis Thayer, hizo un duro descargo tras verse envuelto en la polémica de los niños haitianos que ingresaron en procesos de reunificación familiar al país, bajo irregularidades de control y trazabilidad, según Contraloría.
Thayer, al igual que la contralora Dorothy Pérez, fueron invitados a exponer al respecto en la comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados, en momentos en que el ente contralor despachaba su informe final del caso y concluía que el exencargado de Migraciones actuó al margen de la ley al flexibilizar los requisitos migratorios.
Aludiendo a la filtración del preinforme de Contraloría, en el que se daba cuenta de que 64 niños haitianos permanecían inubicables, Thayer aseveró: “No he visto un acto de irresponsabilidad pública y de cobardía política más grande que ese desde el retorno a la democracia en Chile, porque no sólo expuso a menores de edad sus datos personales, sino además expuso la propia investigación y expuso a la sociedad a una alarma pública absolutamente desmesurada e injustificada”.
En esa línea también criticó que “aquí se han dicho cuestiones públicamente que luego se han descartado con una impunidad y una irresponsabilidad también por parte de actores políticos y comunicacionales”, en referencia a las reacciones que apuntaban a un posible tráfico de personas o de órganos, algo que fue descartado por el Ministerio Público y por la PDI tras hallar a los 64 niños en buenas condiciones.
La respuesta de Thayer al informe de Contraloría que cuestiona su memorándum
Si bien no quiso ahondar en el reproche que hizo Contraloría en su informe final del caso al memorándum en el que se flexibilizó, durante su gestión, algunos de los requisitos para permitir la entrada de migrantes, Thayer sostuvo que algunas decisiones se explican a raíz de que “nos tocó lidiar por una parte con un Estado fallido, como el de Haití, y por otra parte con un estado dictatorial, como el de Venezuela”.
Así, ejemplificó que tuvo que enfrentarse a casos en los que “hay una tensión importante jurídica en términos de la posibilidad de que un niño esté siendo vulnerado en sus derechos por no tener documento y la obligación, al mismo tiempo, de regularizarlo”. “No es fácil lidiar en la realidad de la administración pública con estas contradicciones que tiene la ley”, apuntó.
En esa línea, sobre el cuestionado memorándum manifestó que “vamos a defender nuestros argumentos, que no sólo están en la defensa del interés superior del niño o en la obligación de defenderlo, sino también en las facultades que otorga el estatuto administrativo a las jefaturas de servicio”.
La autocrítica
Hacia el final de su exposición, el exdirector de Migraciones relató que en marzo de 2023 notaron que nueve niños que venían de vuelo proveniente de Haití y cuyos padres los estaban esperando en el aeropuerto, tenían sus visas fuera de plazo.
“Me han preguntado mucho si yo tengo alguna autocrítica respecto de la gestión. Con todas las complejidades que he intentado transmitir en esta comisión, respecto del reembarco de sus nueve niños y respecto de la privación de esas nueve familias, del derecho de reunirse con esos niños, es que sí tengo una autocrítica: considero que pudimos haber priorizado, en vez del principio administrativo de la exigencia del documento vigente al día, el interés superior del niño y el derecho a la reunificación familiar, como lo hicimos respecto del memorándum 1866 respecto de la determinación de eximir a los niños, niñas y adolescentes venezolanos y venezolanas del requisito de la apostilla para obtener una visa en Chile”, argumentó aludiendo al final al memorándum objetado por Contraloría.
