La Contraloría General de la República entregó su informe final por el ingreso de niños haitianos al país entre 2022 y 2025, en el que estableció que la anterior administración del Servicio Nacional de Migraciones (Sermig), encabezada por Luis Eduardo Thayer, autorizó a flexibilizar requisitos migratorios establecidos por ley para ciudadanos de ese país sin contar con las atribuciones legales para hacerlo.
De acuerdo con lo planteado por la División de Fiscalización de la Contraloría, para emitir su informe revisó los permisos de reunificación familiar otorgados a ciudadanos haitianos, el funcionamiento de los controles migratorios, la coordinación entre organismos del Estado y la situación de niños y adolescentes ingresados al país.
En el texto, el órgano fiscalizador apuntó que, si bien la Ley N° 21.325 establece expresamente los procedimientos, documentos, plazos y requisitos para acceder a los permisos migratorios, el servicio implementó criterios excepcionales sustentados en un memorándum interno emitido por Thayer en mayo de 2024 y que permitió flexibilizarlos.
En esa línea, puntualizó que “los requisitos y documentación idónea para el ingreso y egreso del país están establecidos en la citada ley y en sus respectivos reglamentos, no pueden ser modificados o exceptuados mediante un simple memorándum“.
Según estableció el informe, dicho cambio fue dictado por el Thayer al margen de la ley, con lo que extralimitó sus facultades y vulneró el artículo 7° de la Constitución, ya que se arrogó “atribuciones propias de los poderes colegisladores, o de la potestad reglamentaria en su caso“.
“Se configuró una evidente vulneración a nuestro ordenamiento jurídico“, se detalló en el reporte de 147 páginas que elaboró la Contraloría por el caso de los niños haitianos.
Procedimientos disciplinarios por caso de los niños haitianos
Como consecuencia de lo anterior, el organismo anunció que “instruirá directamente un procedimiento disciplinario tendiente a determinar la responsabilidad administrativa de los funcionarios que participaron en la emisión y aplicación del referido memorándum”.
A la vez, la indagatoria dejó en evidencia numerosos incumplimientos en la revisión de los expedientes durante el ingreso de los menores de edad, como certificados de nacimiento sin legalización, pasaportes que no cumplían las exigencias reglamentarias y ausencia de documentación requerida respecto de vínculos familiares, entre otros.
La Contraloría también estableció que durante el período auditado el Servicio Nacional de Migraciones, la Policía de Investigaciones y la Subsecretaría de la Niñez no actuaron “coordinadamente” frente al fenómeno migratorio.
El informe concluyó con la necesidad de iniciar, además, otros procedimientos disciplinarios, uno por la falta de coordinación institucional y otro por las irregularidades detectadas en la tramitación de reunificaciones familiares.
