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23 de Marzo de 2018

La orden de comando que disparó las denuncias de acoso sexual en el Ejército

Desde el año 2016, las denuncias por acoso y abuso sexual en las filas del Ejército crecieron exponencialmente. Según explican desde la institución, esto responde a un instructivo firmado por el comandante en jefe que dictaminó la urgencia de dar resguardo a los denunciantes.

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En febrero de 2016, una soldado que cumplía con su servicio militar en Valdivia debió presentarse ante sus superiores en la III División de Montaña para hacer una denuncia por acoso sexual. Así, se inició una investigación sumaria contra los tres cabo 1° acusados. Dos de ellos, siguieron desempeñándose en dicha unidad.

Como ésta, en los últimos 5 años, las investigaciones por abuso y acoso sexual al interior del Ejército han sumado una treintena, y han involucrado a denunciantes y denunciados tanto civiles como oficiales.

Los hechos a partir de los cuales se hicieron estas denuncias ocurrieron en unidades ubicadas en todo el país, siendo las que más se repiten la Brigada de Aviación del Ejército, ubicada en Rancagua; la Brigada Motorizada N°1 “Calama”, el Hospital Militar de Santiago, el Regimiento Nº 16 “Talca” y el Cuartel General de la III División de Montaña, ubicado en Valdivia. Todos registran dos casos que han sido investigados.

Otras denuncias han sido presentadas por hechos ocurridos en unidades de Concepción, Los Ángeles, Los Andes, Punta Arenas, Osorno, Angol, San Antonio y Victoria.

De las 30 investigaciones que ha realizado el Ejército, sólo en el año 2017, se registraron 18 investigaciones sumarias administrativas, según datos obtenidos por El Dínamo a través de la Ley de Transparencia.

La mayoría de las denuncias han sido realizadas por soldados y soldadas conscriptos, quienes han denunciado a un superior, ya sean oficiales o suboficiales, desde un cabo primero a un teniente.

Este último caso corresponde a una denuncia hecha por una ex recluta que realizó su servicio militar en la Brigada Motorizada N°1 de Calama y denunció haber sufrido una violación de parte del teniente Pablo Castillo Wood.

Del total de estas investigaciones, la mitad aún no está resuelta: 16 investigaciones sumarias administrativas aún están en proceso, mientras que sólo 14 están resueltas.

En el Reporte de Gestión Institucional 2017, el entonces comandante en jefe del Ejército Humberto Oviedo no pudo eludir este tema. Durante su discurso, el general mencionó que en octubre de 2016 se elaboró una Orden de Comando con el objetivo de actualizar y dar a conocer la normativa relativa al acoso sexual y laboral al interior de la institución, y los pasos a seguir en estas circunstancias.

Además, en dicha orden se da la instrucción de crear una cartilla de procedimientos para establecer los mecanismos para prevenir el acoso y definir un proceso formal ante las denuncias por estos hechos.

Para Patricia Rojas, asistente social y asesora de responsabilidad social institucional del Ejército, estas medidas implementadas desde el alto mando explicarían el aumento en el número de denuncias y de investigaciones sumarias.

“No es que haya más acosadores en la institución, sino que estamos dando garantías de un sistema que acoge denuncias, porque vamos a tener más instancias para denunciar algo que quizás ya sucedía y vamos a tener más conciencia de los comportamientos que no son permitidos”, asegura Rojas, quien además estuvo a cargo de la elaboración de la mencionada cartilla de acoso laboral y sexual desde su labor en el Dirección de Personal del Ejército.

“A pesar de que la cartilla no está publicada, la orden de comando ya genera un cambio, porque define y establece qué debemos denunciar e investigar, con las garantías de mi fuente laboral”, agrega la teniente coronel Bárbara Ojeda, comandante de la Dirección de Personal.

Para Rojas, estas medidas generan un cambio cultural y modifican conductas arraigadas que ahora se evidencian como problemáticas.

Denunciar, prevenir y educar

Cualquier civil o militar que trabaje en el Ejército puede hacer una denuncia por acoso sexual o laboral independiente de la calidad contractual. Así lo establece la cartilla de procedimientos elaborada por la Dirección de Personal, la que regula además los pasos, etapas y plazos en que la institución debe hacerse cargo de estos hechos.

La cartilla define el acoso como insinuaciones o exigencias de tipo sexual que realiza un hombre o una mujer hacia otra persona sin su consentimiento, puntualizando que dicha actitud se puede presentar entre diferentes mandos, desde un superior a un subordinado o subalterno (vertical) o entre integrantes del mismo grado o de la misma categoría (horizontal), ya sean funcionarios civiles o militares.

Los funcionarios pueden presentar su denuncia a través de un banner especialmente habilitado en la página interna del Ejército o por escrito. La denuncia se puede realizar de manera anónima o puede ser hecha por un tercero en representación de la víctima.

La denuncia hecha por cualquiera de estas dos vías es recibida por el comandante de unidad de quien esté denunciando.

Patricia Rojas y la comandante Bárbara Ojeda

La asistente social Patricia Rojas y la comandante Bárbara Ojeda.

La comandante Bárbara Ojeda destaca que esta cartilla establece el “pase del conducto regular”. Esto significa que el denunciante puede “saltarse” a su calificador directo o a su calificador superior en caso de estar involucrados sin recibir una sanción por ello.

Agrega que, por el inherente componente jerárquico de la institución, hace algunos años era impensado que se presentaran situaciones como subalternos acosando a oficiales o que los acusados pudieran ser tanto hombres como mujeres, situaciones que considera la cartilla.

Una vez recibida la denuncia, el comandante de unidad tiene 24 horas para informar a la Dirección de Inteligencia (DINE) del incidente y disponer que se inicie una investigación sumaria administrativa (ISA).

Además, debe citar a sesionar al equipo asesor en esta materia para que sugiera medidas de resguardo para el denunciante respecto al denunciado. El equipo asesor es un equipo multidisciplinario que tiene como finalidad apoyar al comandante para tomar las decisiones del caso para dar soluciones a la situación, y está integrado por médicos, abogados, oficiales de inteligencia, funcionarios de recursos humanos, asistentes social.

Las medidas de resguardo están definidas en la cartilla y se relacionan principalmente con no exponer al denunciante con su calificador directo o su jefatura más cercana, en caso de que los hechos se relacionen con ellos, mientras se esté investigando. También debe considerar entregar apoyo espiritual al denunciante en caso de que lo requiera.

Acerca de si se contempla separar al denunciante de su trabajo, la comandante Ojeda señala que depende del caso, según lo recomendado por el grupo asesor y considerando lo que el mismo denunciante solicita. El denunciado puede ser también el que sea reubicado mientras dura la investigación.

En caso de acreditarse un delito, el fiscal que lleva la ISA debe enviar los antecedentes a la fiscalía militar para su investigación penal, entregando asesoría legal al denunciante.

Foto: Ejército de Chile

Respecto a por qué la mayor cantidad de denuncias es hecha por soldados conscriptos, desde el Ejército no tienen una explicación concreta.

“No tenemos datos duros para determinar el por qué, no tenemos un diagnóstico. Puede ser por el tipo de generación que viene con esta información ya, o por el vinculo con su fuente laboral, ya que es otra la relación y la motivación, o por una disciplina mal entendida”, comenta la asistente social Patricia Rojas.

“El soldado conscripto está un año no más, no ve afectada su fuente laboral, entonces denuncia no más. Muchas veces pueden ser denuncias temerarias también”, agrega la comandante Ojeda.

Una denuncia temeraria es una de las tres posibles resoluciones de una ISA, y significa que no se pudieron comprobar los hechos, ya sea porque el denunciante no entregó datos o se concluye que no era verdadera.

En este caso, el fiscal establece las medidas administrativas, disciplinarias o preventivas que se deben tomar con el denunciante, dependiendo de la gravedad de la denuncia, ya que se considera que su finalidad “era ocasionar daño”, comentan desde el Ejército.

Señalan además que por un tema estadístico puede ser mayor el número de denunciantes conscriptos, ya que ellos superan ampliamente en cantidad al resto de los mandos de oficiales y suboficiales.

De acreditarse que la denuncia es constitutiva de acoso laboral y sexual se establecen las sanciones administrativas, que van desde una amonestación verbal o por escrito hasta ser dado de baja de la institución.

La teniente coronel Ojeda señala además que es precisamente en los integrantes de las escuelas matrices en los que hay que orientar las conductas, incorporando estos temas valóricos en las mallas curriculares.

Para la elaboración de la cartilla, comenta Rojas, se tuvieron a la vista el reglamento de disciplina (que establece los deberes militares, las jerarquías y las acciones disciplinarias); la ordenanza del Ejército (que define el comportamiento que debe tener cualquier integrante); el reglamento de investigaciones sumarias administrativas, y el manual ético del Ejército, difundido hace aproximadamente un mes. Además de las leyes de acoso laboral y sexual de 2012 y 2005, respectivamente.

Menciona además que se trabajó con las otras dos ramas de las Fuerzas Armadas, junto al Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género y la Inspección del Trabajo en la Mesa por la Inclusión y la No Discriminación del Ministerio de Defensa.

La cartilla no tendrá carácter retroactivo, sino que sólo afectará a los casos que se presenten desde su entrada en vigencia al interior del Ejército. Dicho documento se encuentra en etapa de corrección de textos para ser dada a conocer al interior del Ejército.

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