Ante la acusación de Gutiérrez, Van Rysselberghe aseguró que "no tengo nada que esconder" y lo sindicó de "hacer política a través de los tribunales”.
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"El delito básico de presentación en este caso es el de cohecho, vinculado con estos aportes que habría recibido durante la campaña, y solicitamos se investigue si es que el año 2014 siguió recibiendo financiamiento por parte de la industria pesquera", explicó el abogado Matías Ramírez, quien representa al diputado PC.
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El Ministerio Público presentó una acusación contra esta persona por el delito de robo con fuerza en lugar habitado en calidad de frustrado. Esta persona sí contaba con antecedentes: al menos dos condenas por robo.
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Por su parte, la timonel UDI se ausentó por segunda semana consecutiva de la cita de coordinación de Chile Vamos, donde mostraron preocupación por su situación tras conocerse su relación con Asipes.
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El Consejo de Defensa del Estado imputa responsabilidad penal a la entidad, en su calidad de persona jurídica. Arriesga multas y su disolución.
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El 2 de noviembre, un grupo de funcionarios de la PDI le solicitó al ex gerente de SQM que les permitiera acceso a sus correos. Esto no se le informó a su defensa, y el otrora ejecutivo firmó, pero no daba la autorización a los funcionarios policiales.
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Con esta legislación en el país vecino, los funcionarios gubernamentales que incurran en actos dolosos contra la administración pública no volverán a trabajar en el Estado.
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En esta jornada se formalizó a la personalidad jurídica de la firma del grupo Angelini, en el contexto de la investigación por presuntos aportes irregulares de la política, porque el Ministerio Público considera que no contaba con los mecanismos de prevención de los delitos por los que se investiga a su ex gerente general, Francisco Mujica.
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Asimismo, la Fiscalía Centro Norte determinó incautar los mails de Waldo Rojas Soto, y también le levantó su secreto bancario.
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En la misma línea, la fiscal Ximena Chong abrió la investigación en nuestro país después de que su par español hiciera un requerimiento a la justicia chilena. Los pagos se habrían realizado para la campaña del 2013 y ascenderían a 3,5 millones de dólares.
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