Calificó como falta de respeto un eventual "pacto de silencio" para proteger a los torturadores.
Redacción EL DÍNAMO
El ex presidente manifestó que esta instancia se creó para "proteger a aquellos que fueron víctimas, no para proteger a los victimarios".
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La senadora Jacqueline Van Rysselberghe confirmó que la comisión de DD.HH. abordará este tema durante la sesión programada para hoy.
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Luciano Fouillioux asegura que en el informe de la instancia "no vamos a encontrar un vuelco necesariamente a partir del levantamiento del secreto".
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Junto con ello, presentó una serie de medidas respecto a los derechos humanos, donde destaca el fin de la justicia militar
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Esto ocurrió en medio de la discusión del proyecto de ley pretende establecer el carácter público de los antecedentes que fueron recogidos por la "Comisión Valech".
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La subsecretaria general de la República, Patricia Silva, explicó que pese a su situación judicial, la ley "no establece ninguna otra exclusión" y que no hay impedimento para que reciba los beneficios que le concedió la comisión Valech II.
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La nueva repartición del Estado viene a coronar semanas en las que la agenda estuvo copada por materias de Derechos Humanos. El gobierno se abrió a analizar un proyecto de ley para evaluar el fin del secreto, pero luego relativizó sus intenciones, asegurando que se debía "resguardar la dignidad de las víctimas", pese a que algunas de éstas supieron de la reserva de sus antecedentes después de haber prestado declaración.
Francisco Valenzuela
La información surge precisamente en un momento en el que el Ejecutivo indicó que está “evaluando” levantar esta reserva, aunque ayer condicionaron esto a la promulgación de la Subsecretaría de Derechos Humanos. Incluso en el mismo programa de la Presidenta Michelle Bachelet se planteaba revisa “lo referido a los archivos judiciales de las violaciones a los DD.HH., que tienen un período de 50 años para poder ser conocidos y revisados”.
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El Ejecutivo, si bien manifestó que está evaluando el alzamiento del secreto de los antecedentes -que involucran a casi 30 mil víctimas de violencia política- lo condicionaron al lanzamiento de la Subsecretaría de Derechos Humanos, a presentarse en octubre.
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