Los senadores de la falange aún no definen su postura frente a la postulación de la jueza como integrante de la Corte Suprema, pero dejaron en claro que, sea cual sea su voto, lo harán en bloque como signo de unidad.
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El ministro Hugo Dolmestch, argumentó la decisión indicando que "La sentencia no se hizo cargo de todas las alegaciones de la defensa, porque él alega razones médicas, razones terapéuticas, y eso no está resuelto en la sentencia (...) faltó fundamentación", indicó.
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"Estamos muy de acuerdo. La SMA ha cursado sanciones a este proyecto, y el poder judicial lo paralizó. Esto corresponde mientras no subsanen las indicaciones que ha pedido su RCA, la Superintendencia de Medio Ambiente, y lo que ha determinado la Corte Suprema", dijo la vocera de Gobierno.
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El máximo tribunal ordenó el pago de una millonaria indemnización a la familia de Luis Dávila García, cuyos restos fueron erróneamente identificados en 1994.
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Mónica Maldonado indicó en su informe que existen presunciones fundadas de la participación del ex magistrado trasandino en delitos relacionados con la desaparición forzada de personas durante la dictadura argentina.
EFE
Blanco Herrera es abogado de la Universidad de Chile y cuenta con estudios de Filosofía e Ingeniería Comercial en esa casa de estudios. Es integrante de la Corte de Apelaciones desde septiembre de 1999 y fue su presidente en el 2004
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El sindicato de Canal 13 calcula en unos $ 250 millones la suma global a pagarse, correspondiente apenas a los bonos de 2008 a 2010, pues la deuda anterior a esa fecha está prescrita.
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Tras el acuerdo alcanzado por la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios, el Servicio Nacional del Consumir y BancoEstado, alrededor de 535 mil clientes serán beneficiados por estas compensaciones por los cobros indebidos. Además, la empresa deberá cancelar una multa a beneficio fiscal.
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La Corte también ordenó que se pagaran indemnizaciones por daño moral por un monto de cinco millones de pesos o bien la restitución de los inmuebles, según se detalla en la sentencia.
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El el fallo se indica que no existe claridad de cómo se construyó este "IPC de la Salud" por parte de la Superintendencia, entidad "cuya aspiración debe ser la de regular –y no simplemente justificar– las alzas".
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