El sacerdote debe dejar el país, luego que el Ministerio del Interior decretara su expulsión tras cumplir su condena por abuso sexual.
Redacción EL DÍNAMO
El abogado José Ignacio Escobar, representante de las víctimas, explicó que "su nacionalidad por gracia fue revocada con ocasión de esta condena, razón por la cual no hay ninguna justificación para que se mantenga en el país".
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Se espera que este jueves sean deportados 35 ciudadanos bolivianos y 5 peruanos, todos por delitos cometidos en suelo nacional.
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La detención fue solicitada por la Fiscalía Metropolitana Oriente luego de la denuncia presentada por los padres, debido a un incidente ocurrido en la mañana del jueves en una clase de compresión de lectura.
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La cifra refleja expulsiones y cancelaciones de matrículas, y en su mayoría correspondió a establecimientos educacionales particulares subvencionados.
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Además, los reglamentos internos de los establecimientos tendrán que definir como faltas graves el daño a la integridad física y psíquica, las agresiones sexuales y el porte de armas.
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La ministra de Educación defendió la necesidad de aprobar el proyecto y advirtió: “¿Me va a decir entonces que el joven que comete un delito no puede ser expulsado?".
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La ministra de Educación, Marcela Cubillos, afirmó que “las amenazas están siendo cada vez más graves, amenazas de muerte que sufren también profesores. Creo que nos parece importante incorporarlas al proyecto".
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Hernán Godoy, quien fue el primero que lo denunció a la justicia en junio pasado, recalcó que Francisco José Cox es "un tipo déspota, que no se arrepiente de todas las cosas que hizo (...) Me gustaría pedirle al papa Francisco que lo destituya de todo cargo".
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Pero la petición de John O'Reilly presentaría inconvenientes partiendo por la forma en la cual se redactó el decreto de expulsión, además de la sentencia canónica que enfrentará del Vaticano y donde estarían consideradas más casos de abusos.
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