La Cuenta Pública presidencial generó diversas reacciones en cuanto a Educación, una de las principales áreas del discurso de la Presidenta Michelle Bachelet.
Entre los anuncios, la Mandataria se comprometió a aumentar la gratuidad en busca de que la totalidad de los estudiantes puedan acceder al beneficio, así como el envío del proyecto de ley que fortalece las universidades estatales. Sin embargo, estas iniciativas siguen generando dudas entre los expertos.
En entrevista con El Dínamo, el director ejecutivo y fundador de Acción Educar, Raúl Figueroa, entregó sus apreciaciones de las distintas propuestas realizadas en el discurso de la Jefa de Estado.
– ¿Cuál es su balance sobre lo anunciado en la Cuenta Pública, donde la Presidenta ratificó que en 2018 habrá gratuidad para el 60% más vulnerable de la población?
– La idea de insistir en la gratuidad universal como el aumentar el beneficio al 60% nos parece un error. Y es un error porque para que los aspectos económicos no sean un obstáculo para estudiar. La gratuidad no necesariamente garantiza mayor equidad. Es más, a medida que avanza es más injusta porque se gastan recursos públicos en quienes pueden solucionar su problema económico por otros mecanismos, y además genera un impacto negativo para el sistema de educación superior, afectando la autonomía de las instituciones y la calidad de los proyectos como consecuencia del déficit financiero que genera y ya ha generado, con 22 mil millones de pesos.
– Tal como se comprometió en la Cuenta Pública, la Presidenta firmó el proyecto de fortalecimiento a las universidades estatales, ¿cuál es su visión sobre los aspectos técnicos de esta iniciativa?
– Hay ciertos temas que son razonables que se discutan, como la necesidad de mejorar la gestión y la importancia de hacer ciertas modificaciones para hacerla más eficaz. Lo que no me parece correcto es darle un trato preferente a esas universidades que implica una discriminación arbitraria a los alumnos que asisten a otras instituciones de igual o mayor calidad, los que se ven perjudicados porque los recursos públicos son destinados a un proyecto específico – como son las universidades estatales- sin una razón que lo justifique.
– Pese a los proyectos que destacó la Mandataria en la Cuenta Pública, la encuesta Adimark reportó que sólo cerca de un 30% de la población aprueba la gestión que se ha hecho en Educación… ¿A qué responde este fenómeno?
Lo que ha ido quedando en evidencia que las políticas del Gobierno son contrarias a elementos esenciales del sistema. Las familias tenían la capacidad de elegir entre distintos proyectos, aportar a el mejor desarrollo de los proyectos educativos, un sistema diverso, la necesidad de sistema que no toca techo… todos son conceptos muy arraigados en la ciudadanía y las políticas que se han comprometido, con consignas que suenan muy bonitas, lo que generan son efectos negativos en cosas que los chilenos aprecian. Los cambios no son lo que el sistema necesita ni lo que espera la gente.
