Las especies exóticas invasoras cuestan a Chile al menos US$87,9 millones al año. Esa cifra, calculada sobre siete especies en una evaluación publicada en 2016, representa apenas el piso mínimo del daño, porque muchos de sus impactos nunca pudieron ser cuantificados. Proyectada a dos décadas, la pérdida acumulada supera los US$2.003 millones, distribuida entre daños productivos, costos de gestión y destrucción de ecosistemas que sostienen el bienestar humano.
El jabalí encabeza el ranking con US$603 millones de impacto proyectado a 20 años. La avispa chaqueta amarilla le sigue con US$497 millones y el visón con más de US$417 millones. Completan la lista el castor, el conejo europeo, la zarzamora y el espinillo, un conjunto de organismos que alteran cadenas alimentarias, contaminan fuentes de agua y compiten con fauna nativa sin que Chile cuente todavía con una respuesta coordinada entre sectores del Estado.
Aníbal Pauchard, director del Instituto de Ecología y Biodiversidad (IEB) y académico de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Concepción, acaba de participar en un taller internacional organizado por la Convención de la Diversidad Biológica en Panamá, donde representantes de gobiernos y organismos técnicos discutieron medidas de control al 2030. Pauchard fue además recientemente nombrado copresidente del Grupo de Especialistas en Especies Invasoras de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, lo que lo convierte en una de las voces más autorizadas del continente en la materia.
Su diagnóstico sobre Chile es claro: el problema se aborda de manera fragmentada, sin coordinación efectiva entre ministerios. El Servicio Agrícola y Ganadero lidera el control de plagas con impacto económico, pero las brechas en el ámbito ambiental persisten. Los ministerios de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca rara vez actúan en sintonía, una desconexión que el investigador describe como un patrón que se repite en toda América Latina.
Lo que añade urgencia al diagnóstico es el vínculo con la salud pública, que todavía está ausente en la mayoría de las políticas. Los mosquitos que están llegando a Chile pueden portar dengue y otras enfermedades, y las condiciones climáticas más cálidas expanden el hábitat disponible para ellos. El jabalí puede transmitir triquinosis. El caracol africano, detectado en controles fronterizos pero aún no establecido en el país, es un potencial vector de parásitos. Hay también efectos indirectos: plantas invasoras que generan hábitat para vectores o producen alergias más intensas que las especies nativas.
Este enfoque conecta con lo que la literatura científica llama bioseguridad, el conjunto de acciones destinadas a reducir el riesgo de que organismos vivos causen daño ambiental, económico o sanitario.
Para Pauchard, vincular el problema con la salud y el daño económico ha sido el camino más efectivo para conseguir atención de autoridades y comunidades. Daños económicos, daños a la salud y daños a la biodiversidad son parte de una misma situación, sostiene, y abordarlos por separado debilita la capacidad de respuesta del sistema.
