Torturas, ejecuciones y desapariciones: informe revela las atrocidades del régimen de Nicolás Maduro contra los venezolanos
Durante los primeros seis meses de 2020, los cuerpos policiales y militares de Venezuela asesinaron a 1.611 personas, cuyas edades eran entre 18 y 30 años.
Por Gabriela Romo
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha vuelto a confirmar a través de un lapidario informe, las atrocidades y el clima de horror que viven los venezolanos bajo el régimen de Nicolás Maduro.
Torturas, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y violencia desmedida contra manifestantes opositores es parte del informe dado a conocer por la Misión Internacional Independiente de Investigación, comisionada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que sentencia a Maduro y a sus ministros de Defensa, Vladimir Padrino López y del Interior, Néstor Reverol, como responsables de crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
Bajo el título “Violaciones atroces”, el nuevo informe investigó 223 casos, 48 de los cuales se examinaron en profundidad en un informe de 443 páginas.
“La Misión encontró motivos razonables para creer que las autoridades y las fuerzas de seguridad han planificado y ejecutado desde 2014 graves violaciones a los derechos humanos, algunas de las cuales -ejecuciones arbitrarias y el uso sistemático de la tortura- constituyen crímenes de lesa humanidad”, expresa Marta Valiñas, presidenta de la Misión.
“El régimen de Nicolás Maduro y los ministros de Interior y Defensa estaban al tanto de los crímenes. Dieron órdenes, coordinaron actividades y proveyeron recursos para ejecutar planes”, añade el informe.
Un “documento histórico”, sentenció Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, a través de su cuenta de Twitter. “El Informe de la Misión de la ONU despeja cualquier duda: Maduro es un criminal que además de respaldar el narcotráfico y terrorismo, comete delitos de lesa humanidad”, escribió.
Más de 1.600 muertos en 2020
La semana pasada, un estudio del Centro de Investigación de los Padres Jesuitas “Centro Gumilla” y el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), reveló que durante los primeros seis meses de 2020, el régimen de Nicolás Maduro junto a los cuerpos policiales y militares de Venezuela asesinaron a 1.611 personas, cuyas víctimas fatales fueron jóvenes entre 18 y 30 años de edad.
“Los miles de víctimas que deja la violencia institucional en Venezuela, son consecuencia de una política de Estado que combina el aliento brindado por las altas autoridades para la comisión de los abusos, y la impunidad estructural dado el sistema de administración de justicia, por parte del proyecto político oficialista. Los funcionarios actúan con plena libertad dada la certeza de que su conducta no será investigada ni sancionada, y debido a que cuentan con el respaldo de gobernadores, ministros y otras altas figuras de la gestión pública”, se indicó en la web de Provea.
Junto a ello, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentó a comienzos de julio de este año otro informe de la violación de los DD.HH. en Venezuela donde confirma 38 ejecuciones entre mayo de 2019 y mayo de 2020 a manos de las Fuerzas de Acciones Especiales (las FAES) un comando de la Policía Nacional Bolivariana.
“Me preocupa el patrón de detenciones arbitrarias, violaciones al debido proceso, así como alegaciones de torturas y desapariciones forzadas en los primeros días de detención”, expresó la la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU.
Asimismo indicó que la población venezolana continúa sufriendo “graves violaciones a sus derechos económicos y sociales debido a sus bajos salarios, altos precios de los alimentos, persistentes carencias de los servicios públicos, precario acceso al sistema de salud”.
Detenidos en la DGIM
Molly De La Sotta, familiar del capitán de navío Luis De La Sotta Quiroga, quien fue detenido en mayo de 2018 por una supuesta conspiración, ha hecho público los vejámenes que ha sufrido su hermano.
“Junto a él, hay militares que tienen años en los sótanos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGIM) sin aire natural ni luz del sol. En el sótano del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en sus sedes de El Helicoide y Plaza Venezuela, hay 40 presos políticos militares junto a más de 150 presos políticos civiles”, denunció.
En entrevista con Infobae, Molly De La Sotta añadió que ha tratado que Michelle Bachelet escuche su relato, pero solo ha encontrado evasivas.
“No hemos recibido ni el apoyo para la protección de sus derechos, ni el resultado positivo de las innumerables reuniones de sus oficiales con las ‘Autoridades’ de 21 instituciones del Estado”, sentenció.
Luis De La Sotta Quiroga.
“La existencia de este sistema nos impide el derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la garantía de la NO repetición de crímenes de lesa humanidad como lo es la Tortura y los tratos crueles e inhumanos a los que están sometidos nuestros familiares en Venezuela, bajo la mirada silenciosa de sus Oficiales que no han logrado que estos delitos disminuyan como lo menciona en su informe oral de julio 2020”, expresó.
El Frente Institucional Militar (FIM), que agrupa a 266 oficiales de diverso rango militar, ha exigido la “Libertad para militares presos de conciencia”, luego de haberse dado a conocer el indulto de Nicolás Maduro a 110 personas, un tercio de las cuales estaban detenidas, pero no hubo ningún militar en la lista.
“Todos están secuestrados en los calabozos del régimen por ideas, opiniones y posición de conciencia en procura de libertad y democracia para el país por el que han luchado. Ideas y opiniones que han expuesto públicamente arriesgando su seguridad y la de sus familias”, lamentaron.
