La Agenda de Energía presentada recientemente por el gobierno trae una serie de mensajes relevantes que merecen ser analizados. Además de las 120 medidas que contempla el documento, la propuesta contiene una visión que sitúa al Estado en un rol más activo y fundamental: el de ser un proveedor de bienes públicos que permitan que las distintas fuentes de generación puedan competir en igualdad de condiciones.
Durante las pasadas décadas la eficiencia económica, entendida como el suministro al menor precio posible, fue el objetivo que predominó en el desarrollo del sector eléctrico en Chile. Sin embargo, últimamente esto no ha obtenido buenos resultados. En efecto, actualmente Chile paga precios muy altos por la electricidad que consume. Algunos estudios conservadores señalan que el crecimiento de la economía se ha afectado por medio punto porcentual del PIB, debido a los costos de la electricidad. Otros economistas señalan incluso que es sobre el 1% al año. Esta situación en parte se debe a la falta de inversión en bienes públicos, aquellos necesarios para el desarrollo del sector pero que el mercado los provee de manera ineficiente.
Veamos el caso de la electricidad ERNC. Si bien la incorporación de la energía eólica durante el último tiempo es una muestra fehaciente del enorme potencial energético ERNC de Chile, se estima que las condiciones de mercado de Chile permiten la incorporación de otras tecnologías ERNC con mayor celeridad y profundidad de lo que está ocurriendo. Esto se debe a la presencia de diversas barreras que dificultan la concreción de iniciativas ERNC aparentemente costo efectivas y que pueden ser superadas por medio de instrumentos de apoyo público. Por ejemplo, las energías solar, geotérmica y marina se encuentran en una etapa de i+D en donde el Estado debe invertir recursos importantes para su consolidación.
Otro caso es lo que ocurre con la generación eléctrica de pasada, de pequeña y mediana escala, cuyo potencial desde la V región al sur es de más de 14.000 MW pero usamos sólo 2.300 MW. Esto se debe en parte a que si bien hay proyectos con derechos de agua asignados y la ingeniería desarrollada, no están las redes para transmitir la electricidad generada, cuyo financiamiento es prohibitivo para cada proyecto en particular. El Estado puede decidir invertir en una primera etapa (directa o indirectamente) y darle el carácter de bien público a esas líneas de transmisión y distribución, para que esa generación limpia y renovable pueda concretarse.
En consecuencia, no se trata de renunciar al concepto de eficiencia económica, sino más bien de conferirle un rol activo al Estado como facilitador del desarrollo del sector. De este modo, la provisión de bienes públicos por parte del Estado en el sector energético es muy relevante, ya que contribuye a convertir las ventajas comparativas del país (dotación de recursos naturales) en ventajas competitivas (acceso a energía limpia y barata). Bajo este esquema el Estado y el sector privado actúan impulsados por sus intereses, pero desde una mirada más integral. En una industria que representa costos muy significativos y que afecta directamente la productividad de la economía, esta nueva ecuación puede significar un gran avance para el desarrollo del país.
