Un país con un balance incierto, una deuda pública al alza, sin avances concretos en empleo, salud o seguridad, y con un presupuesto que compromete el futuro más que resolver el presente.
Ya hemos vivido la experiencia de ingresos que nunca llegaron y gastos subestimados que después explotan como deudas escondidas. No sería deseable que, en marzo de 2026, la nueva administración se encuentre con sorpresas debajo de la alfombra que pongan en jaque las arcas fiscales. Si queremos una transición ordenada, la sinceridad debe ser la primera partida del presupuesto.
Los incentivos en el sector público solo funcionan si están asociados a resultados medibles y a una gestión eficiente, donde se corrigen los errores. Cuando se convierten en un derecho adquirido, más parecido a un pago rutinario que a una recompensa por mérito, dejan de ser una política de recursos humanos y se transforman en un símbolo de privilegio.
La ironía es que Marcel decide salir justo en la antesala de la presentación del Presupuesto de la Nación, hito clave no solo por su rol institucional, sino también porque será el último de esta administración y el primero que deberá administrar el próximo gobierno.
Si este consenso inédito sobre la necesidad de crecer es algo más que una estrategia electoral, debe traducirse en políticas concretas: incentivos claros a la inversión, más certeza jurídica, reducción de la permisología, fomento al emprendimiento y un Estado que facilite en vez de obstaculizar.
Hoy, en un intento por ampliar su electorado, el Partido Comunista intenta mostrarse razonable, moderado, incluso en favor del crecimiento. Pero no nos confundamos. Las ideas siguen siendo las mismas; lo único que ha cambiado es el libreto para esta etapa de la campaña.
Ha logrado mantenerse incólume en su cargo a pesar de una cadena de errores, proyecciones fallidas y ajustes forzados año tras año. Mientras las metas fiscales se desdibujan, el relato se sostiene con discursos más que con datos. La permanencia de Javiera Martínez en ese rol no es solo un problema de gestión: es una señal de que, en este gobierno, el costo de equivocarse se paga con aplausos.
El FES se presenta como la solución definitiva al Crédito con Aval del Estado (CAE), pero en vez de aprender de los errores del pasado, el Ejecutivo insiste en proyectar sus iniciativas con supuestos frágiles y sin mecanismos adecuados de verificación.
Mientras el SII no ejecute plenamente su rol de fiscalizar, y mientras sus autoridades no se comporten a la altura de su cargo, cualquier discurso contra la evasión será letra muerta. La autoridad moral del servicio está en juego.
El proyecto arrastra el mismo defecto que la gratuidad: asfixia financieramente a las instituciones de educación superior. Los aranceles regulados están fijados por debajo del costo real de los programas y la restricción del crecimiento de matrícula ha dejado a muchas universidades al borde del estrés financiero. Con el FES, este esquema se extiende a todos los deciles, incrementando el déficit institucional y amenazando gravemente la autonomía universitaria.