La discusión presupuestaria de este año prometía ser un examen de realidad para el Gobierno. Desde su presentación las advertencias fueron claras: las cifras no cuadraban, los supuestos eran optimistas y la meta de balance fiscal parecía, una vez más, un deseo más que un compromiso. No lo decía solo la oposición —que ya acumula experiencia viendo cómo las metas se diluyen en la ejecución— sino también el propio Consejo Fiscal Autónomo que, con la prudencia que caracteriza a los organismos técnicos, pidió sincerar los ingresos y proyectar con realismo los gastos. Pero nada de eso ocurrió.
El Gobierno prefirió mirar hacia otro lado. Con la misma seguridad con que se anuncian reformas que nunca despegan, insistió en mantener su proyecto “tal cual”, como si la crítica técnica fuera un mero capricho político. Ni una corrección, ni una señal de apertura. Y así llegamos a la comisión mixta, esa instancia que —en teoría— existe para acercar posiciones, pero que esta semana se transformó en una exhibición de intransigencia. Durante las sesiones, la oposición insistió en algo tan básico como necesario: saber dónde están provisionados los gastos del reajuste del sector público y qué nivel de ingresos reales se espera obtener. No parece una pregunta descabellada, considerando los antecedentes de incumplimiento. Sin embargo, la respuesta fue el silencio envuelto en promesas de diálogo. Un “conversemos” sin contenido, repetido una y otra vez por un ministro nuevo en la cartera, que parece creer que la retórica sustituye la gestión.
En medio de ese vacío, algunos parlamentarios —entre broma y resignación— comentaban que echaban de menos al exministro Marcel. Claro que tampoco olvidaban que fue él quien diseñó buena parte de esta ley de Presupuestos y más de alguno deslizó que su oportuna salida del gabinete tuvo tanto de estrategia política como de prudencia personal: mejor irse antes del bochorno que enfrentar la tormenta con las cuentas fiscales en rojo.
Ante la falta de avances, la comisión decidió lo inevitable: votar en bloque las 24 partidas pendientes. Y el resultado fue lapidario. Un rechazo total. A la salida, el ministro Grau declaró que “este resultado defrauda al país”. Pero convendría recordarle que lo que verdaderamente defrauda al país no es una votación adversa, sino la incapacidad de un gobierno para escuchar, corregir y gestionar.
Chile necesita seriedad fiscal y transparencia, no un relato complaciente que confunde voluntarismo con gestión. Cuando la técnica se reemplaza por consignas y la autocrítica por excusas, el presupuesto deja de ser una herramienta de desarrollo y se convierte en un ejercicio de negación. El país no se defrauda por lo que ocurre en una comisión mixta, se defrauda cuando el Gobierno decide no aprender de sus errores y seguir gastando credibilidad como si fuera un recurso infinito.
