Niños de primera y segunda categoría: la inequidad en el financiamiento de la educación inicial

Hoy la educación pública en el nivel parvulario es administrada por diversas instituciones, entra ellas los jardines JUNJI, Integra y los Vía Transferencia de Fondos (VTF). A pesar de que las tres reciben fondos estatales, estas subvenciones son diferentes entre sí. Según el Mineduc, una niña de una sala cuna de los jardines VTF recibe un 42% menos que una niña que asiste a establecimientos de la Junji o la Fundación Integra.

Mientras Junji e Integra reciben un financiamiento fijo, a través de la ley de presupuestos, los establecimientos VTF dependen de la asistencia promedio de niños y niñas, variando los recursos con los que cuenta una institución educativa según la estación del año o dependiendo si es una zona aislada. Así, los establecimientos no cuentan con los fondos proyectados, teniendo que reducir costos de alguna otra área.

¿Qué significa esto en la práctica? Que el Estado propicia que haya niños y niñas de primera y segunda categoría.

Esta inequidad se vive todos los días en los 1600 establecimientos VTF que no cuentan con los mismos recursos para otorgar una educación de calidad. Esta es otra vulneración en un país donde, según Unicef, el 71% de los niños y niñas ha sufrido violencia física y psicológica y un 17% se encuentra en condiciones de hacinamiento, es decir, no cuentan con un ambiente óptimo de aprendizaje.

Entonces no basta con aumentar la cobertura o con crear una Subsecretaría e Intendencia, en el marco de la Reforma Educacional. No se trata de sólo crear estándares más exigentes para cada institución parvularia o las y los educadores. El Estado debe crear un financiamiento para la educación inicial que ponga el foco en los niños y niñas y no en el tipo de institución donde se educan. Esto implica tanto un sistema equitativo de subvenciones estatales, como subvenciones para apoyar a quienes tienen necesidades especiales en su aprendizaje.

Urge avanzar hacia la igualdad de oportunidades con políticas a largo plazo, que apunten al desarrollo integral de nuestros niños y niñas como un pilar prioritario. Y esto no es una sugerencia, es una exigencia.