Cuatro oficios de fiscalización, uno de ellos dirigido a la Contraloría General de la República, ingresó la bancada de diputadas y diputados del Frente Amplio, en el marco de la presentación de una Comisión Especial Investigadora por eventuales conflictos de interés del ministro Jorge Quiroz.
La acción la impulsaron los diputados Constanza Schonhaut, Ignacio Achurra y Jaime Bassa, sobre la base de los antecedentes dados a conocer por CIPER respecto de un mecanismo implementado por el Ministerio de Hacienda para acelerar la tramitación ambiental y dar seguimiento a proyectos de inversión.
Además de a la Contraloría, los legisladores oficiaron por el tema al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) y el Ministerio de Hacienda.
Qué busca el Frente Amplio con el oficio a la Contraloría
“A propósito del potencial conflicto de interés y falta de probidad del ministro Quiroz, que nos ha hecho presentar una comisión especial investigadora, también hemos presentado un requerimiento a la Contraloría para que se pronuncie sobre la legalidad del comité de proyectos en el SEIA“, manifestó Achurra.
A la vez, el legislador planteó que “este es un organismo que creó el ministro Quiroz desde el Ministerio de Hacienda sin ninguna base legal, no tiene actas públicas y ha tenido como objeto apurar proyectos para su aprobación, proyectos que han beneficiado directamente a familiares del ministro Quiroz“.
En esa línea, el diputado del Frente Amplio indicó que también buscan “que la Contraloría se pronuncie respecto al potencial deber de abstención que debió tener el ministro Quiroz y además sobre su declaración de patrimonios e intereses.
El propósito de los parlamentarios es fiscalizar el Comité de Proyectos en el SEIA, instancia integrada por las subsecretarías de Hacienda, Economía, Interior y Medio Ambiente y coordinada por el Ministerio de Hacienda.
Según los antecedentes entregados por los diputados, dicha instancia no fue creada por ley, no cuenta con competencias ambientales ni dispone de actas de sus sesiones, informes públicos o criterios formales para priorizar los proyectos que analiza.
Por ello, solicitan que se dé cuenta del instrumento formal que habría creado el comité, la nómina completa de proyectos analizados y priorizados desde el 11 de marzo, los criterios utilizados para esa priorización, las actas y comunicaciones de sus sesiones y las instrucciones dirigidas a servicios con competencia sectorial.
En el caso de la Contraloría, los parlamentarios solicitaron un pronunciamiento sobre la legalidad de la creación y operación del comité, además del cumplimiento del deber de abstención que, según plantean, recaería sobre el ministro Jorge Quiroz.
