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Defensa solicita investigación a Fiscalía Militar por interceptaciones telefónicas en el Ejército

El ministro Alberto Espina dijo que el comandante en jefe Ricardo Martínez le aseguró que el procedimiento estaba autorizado por un ministro de la Corte de Apelaciones, tal como establece la ley.

Defensa solicita investigación a Fiscalía Militar por interceptaciones telefónicas en el Ejército
Por 12 de Agosto de 2019

El ministro de Defensa, Alberto Espina, afirmó que envió un oficio a la Fiscalía Militar para investigar las interceptaciones de llamadas telefónicas que habrían afectado a cuatro militares que denunciaron casos de corrupción institucional en el Ejército, tanto de forma pública como judicial.

“El día domingo, ayer, envié al Ministerio Público militar una nota oficio en el que le solicitó que se haga parte de esa investigación”, expresó el secretario de Estado.

Tras esto, el ministro Espina expresó que “concordamos de inmediato en que ese hecho debía ser investigado y que, por lo tanto, y así lo hizo el mismo viernes, remitió toda la información que disponía al Segundo Juzgado Militar para que haga una exhaustiva investigación en relación a lo que a nosotros nos parece un hecho delicado y es que se puedan filtrar antecedentes que dicen relación con labores de los servicios de inteligencia en nuestro país”.

La autoridad expresó que fue informada del caso por el comandante en jefe del Ejército, general Ricardo Martínez, con quien acordó remitir toda la información a la justicia.

El titular de Defensa expresó además que las escuchas telefónicas se realizaron en el marco legal, según le aseguró el general Martínez, debido a que estaban autorizadas por un juez de la Corte de Apelaciones, según lo establece la Ley de Inteligencia.

“Consultado el comandante en jefe del Ejército, me aseguró que las acciones de inteligencia, cuando tienen por objeto las escuchas de conversaciones, han sido todas ellas, eso afirmó, autorizadas por un ministro de Corte de Apelaciones, que requiere los antecedentes, los analiza, y ve si realmente corresponde hacerlo”, dijo.

Espina enfatizó que la divulgación de este material “constituye un delito penal grave con pena de cárcel, y eso incluye a todas las autoridades que participan de esas operaciones o toman conocimiento en virtud de su cargo”.

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