El Fondo Monetario Internacional (FMI) apuntó hoy a una “desaceleración” del crecimiento para Chile en 2014, cuyas previsiones redujo del 3,6 % pronosticado en abril al 3,2 % actual, debido en gran parte al “debilitamiento del precio del cobre”.
En su revisión anual de la economía, bajo el conocido como “Artículo IV”, el organismo señaló que Chile se enfrenta a “un entorno macroeconómico desafiante”.
“Tras varios años de un fuerte desempeño económico, la inversión en Chile se ha debilitado y el crecimiento se ha desacelerado de manera marcada, ubicándose ligeramente por debajo de su nivel potencial, debido en parte a un panorama más débil del precio del cobre”, afirmó el documento.
En sus “Perspectivas Económicas Globales”, publicadas en abril, el organismo dirigido por Christine Lagarde ya redujo sustancialmente sus proyecciones de crecimiento para 2014 del 4,5 % al 3,6 %.
También afirmó que “la depreciación del peso ha contribuido a un aumento de la inflación”, pero aseguró que “las expectativas de mediano plazo se mantienen en torno a la meta del Banco Central”.
En este sentido, el FMI elevó su estimación para este año a 4,4 % desde 3,5 % previsto en abril, mientras que para 2015 aumentó levemente su proyección a 3 % desde 2,9 %.
Para 2015, no obstante, el Fondo mantuvo sus previsiones de crecimiento en el 4,1 %, como consecuencia del “relajamiento de la política monetaria, la depreciación del peso y la recuperación de la economía mundial”.
Aunque el FMI señaló que la economía chilena tiene fundamentos sólidos, apuntó a los riesgos vinculados “a la posibilidad de que los precios del cobre sigan retrocediendo y a la volatilidad financiera internacional”.
Por otro lado, aplaudió el “ambicioso programa de políticas para estimular el crecimiento de largo plazo y reducir la desigualdad”, entre ellas las importantes reformas en materia de tributación, educación, productividad y energía.
Especialmente, valoró la reforma tributaria que “pretende crear una estructura tributaria más progresiva y recaudar el equivalente al 3 % del PIB para financiar un aumento del gasto en educación y salud, e incrementar al mismo tiempo el ahorro público”.
