En el marco de la discusión que lleva adelante el Congreso sobre la Reforma Tributaria, los senadores Adriana Muñoz, Carolina Goic, Rabindranath Quinteros –todos miembros de la Comisión de Pesca del Senado-, Antonio Horvath, Felipe Harboe, Alfonso De Urresti, Alejandro Navarro y Alejandro Guillier, presentaron indicación que apunta a terminar con el subsidio que el Estado entrega a la gran industria pesquera y que espera recaudar más de US$ 143 millones.
La presentación realizada en compañía del representante de las plantas de procesos de consumo humano y gerente de Pymepes A.G, Alfredo Irarrázaval, apunta a terminar con la diferencia que pagaron en promedio sus asociados en la licitación del 1% del jurel ocurrida este año que ascendió a $52.524 por tonelada en contraposición con lo pagado por la gran industria pesquera que ascendió a solo $$12.118.
Irarrázaval señaló que “tal como lo han entendido los Senadores, este impuesto específico se contradice con el interés del Gobierno de contar con una ley de equidad tributaria que provea recursos frescos para terminar con las desigualdades en el país”, recordando que en la actualidad que si proyectamos lo sucedido con el jurel a la cifra de 1.500.000 toneladas de pesca de la gran industria pesquera, esta recibe un subsidio encubierto del orden de US$ 110 millones.-
“La reforma tributaria debe propender a recaudar la renta que pertenece a todos los chilenos y no avalar el regalo de la actual ley de pesca a los más poderosos del sector, con ello se pueden obtener dineros frescos para la educación”, indicó el dirigente.
Según establece la indicación “la forma de cálculo de este impuesto es inadecuado en su formulación pues que no permite recaudar la renta que le pertenece a todos los chilenos e impide una asignación eficiente de estos recursos naturales escasos, los que deben ser explotados por quien más los valore”.
Actualmente ese impuesto está fuertemente determinado por lo pagado el año anterior, monto que históricamente ha sido muy bajo.
Al no estar este impuesto correctamente indexado al valor real de los recursos, se introducen efectos indeseados: “Inequidad en el pago entre tendedores de licencias A (grandes empresas pesqueras) y B (eventuales nuevos actores), pues por el mismo bien pagarán distinto; y se entregan incentivos para la manipulación de los precios de las subastas (licitaciones)”, pudiendo generar conductas estratégicas de los titulares de licencias clase A tendientes, por ejemplo, a limitar la entrada de nuevos actores al mercado pesquero.
Por esto, indica la presentación, “la ley propone cambiar la fórmula de cálculo del impuesto específico indexándolo al valor de sanción (valor de mercado) y que estará dado en el futuro por los precios pagados en las subastas de las licencias clase B”. Este impuesto específico será de competencia del Servicio de Impuestos Internos y se regirá por las disposiciones del Código Tributario.
