El derecho a que mis hijos no vean a tus hijos

La sorprendente cobertura que ha dado la prensa a la “Marcha de Padres y Apoderados que junto a la Alianza se manifestaron en contra la Reforma Educativa” y la infraestructura desplegada para asegurar una buena convocatoria (buses de acercamiento, circulares enviadas a padres y apoderados desde los colegios subvencionados para invitarlos a marchar) ha generado diversidad de opiniones en las redes sociales. Más allá de la marcha o defender la Reforma Educativa del gobierno de Bachelet sería interesante evaluar cuáles son los puntos centrales que plantea esta manifestación, que al hacerse pública pretende ser escuchada y atendida.

La alarma ha sido provocada por el eventual cierre de colegios particulares subvencionados, ante el proyecto de ley presentado por el gobierno que eliminaría el copago (la duplicidad de aportes Estado-Particular), el lucro y la selección escolar. Esto provocaría que muchos de los establecimientos educacionales, que desarrollaban la empresa educativa bajo la lógica del mercado, decidan dejar de existir al negarse la esencia de su existencia; la especificidad que asegura la segregación, el lucro y la selección.

Las voces que han surgido como representantes de quienes asistieron a la marcha, son diversos diputados y senadores de la Alianza y dirigentes de las agrupaciones convocantes como Confederación de Padres y Apoderados de Colegios Particulares Subvencionados (Confepa). Al analizar los razonamientos expuestos a través de los medios de prensa, no sorprende la retórica empleada. Los argumentos históricamente presentados por la Derecha chilena han sido la libertad de enseñanza, la calidad educativa como propiedad de la empresa subvencionada/privada y finalmente la creencia de que las familias tienen el derecho de escoger donde se educan sus hijos, resguardándose este derecho a través de la existencia de una amplia oferta educativa. Estos argumentos han sido siempre articulados en función de un actor: “el que ejerce la educación, el que la dirige”. Es decir el debate de qué institución tiene la facultad de llevar a cabo la práctica educativa. Durante la primera mitad del Siglo XX esta disputa se materializó en el debate público entre el deber del Estado de ejercer esta atribución (Estado docente) y el de la Iglesia de mantener colegios confesionales. Durante la segunda mitad del Siglo XX, y hasta ahora, el énfasis está dado por la capacidad de los privados de ejercer junto al Estado el quehacer educativo. Estos debates muestran la constante tensión sobre qué institucionalidad imparte la educación, comprendiéndose por parte de la clase política que quién conserve esta atribución tiene la capacidad de modelar -desde su ideología- el proyecto de futuro del país.

Las voces que la Alianza han tratado insistentemente de representar son las de la pujante “clase media”, presentándose en el discurso público como la guardiana de los intereses de este sector, que vería mermada sus posibilidades de ascenso social al prohibirse el copago y con ello la inminente (y casi instantánea) disminución de la calidad educativa. Ernesto Silva (UDI) en entrevista a BioBio Chile manifestó que la reforma educativa y el cierre de colegio afectarían a la clase media. Es importante evaluar en qué medida se está entendiendo que este sector emergente de la sociedad, tiene la facultad y casi la obligación de aspirar a diferenciar a sus hijos de los hijos de los otros, utilizándose el dinero como medio de cambio para generar “supuestamente” mejores oportunidad para sus hijos, a la vez que diferenciarlos de los que hablan mal, de los que tienen hogares diferentes, de los que viven en poblaciones marginales. En este sentido la reflexión debería apuntar a qué elementos otorgan el derecho o no, a acceder a una mejor educación y con esto diferenciar a los que deberían ser el centro del acto educativo, los estudiantes-los educandos.

El acento en los estudiantes-educandos

Existe una legítima preocupación por parte del ciudadano común, del padre y madre de familia ante el inminente cierre de colegios. Esto escapa de la esfera política para constituirse en la preocupación emocional y cotidiana del padre, madre y docente que ven en riesgo la existencia de la comunidad educativa donde su hijo o hija ha crecido, ha desarrollado espacios de sociabilidad importantes y ha forjado su identidad. Esta preocupación -digna y humana- no ha sido tocada por la clase política dirigente que jamás ha fundamentado su actuar en función del bienestar de los y las educandos. Ahora bien, cabría preguntarse si la protección de este derecho educativo, que sería casi un derecho del niño (a) se traduce en la defensa a ultranza de la educación subvencionada. Es importante recordar que durante el año 2013 (según señala el Colegio de Profesores, Emol 03/11/2013) han sido cerrados más de 20 colegios municipales. Un caso emblemático es el del Colegio República Dominicana que atendía en gran parte a niños con necesidades educativas especiales. Todos estos niños fueron despojados de sus establecimientos educacionales, privados de sus espacios de sociabilidad, vulnerados en sus emotividades. Sin embargo, no vimos mayor alarma en los medios de comunicación y menos aún marchar a ningún diputado ni senador de la República. Pareciera que en nuestro país se ha naturalizado que algunos niños tienen más derechos que otros niños, en función de sus lugares de procedencia y del segmento socioeconómico al que pertenecen sus familias.

Hoy más que nunca, parece fundamental que el Movimiento Social y la ciudadanía en general comprendan que la defensa de las comunidades educativas, en tanto espacios constituidos por quienes participan del proceso educativo (docentes, asistentes de la educación, estudiantes, familias y el entorno social de la escuela ) deben ser defendidas en sus particularidades, como espacios de interacción, articuladores de identidades que se sustentan en el trabajo ahí desarrollado, en los planteamientos pedagógicos- políticos que estas afirman y producen y no en función de la defensa del sostenedor propietario del inmueble que “paga los sueldos”. Esto requiere comenzar a pensar la educación como un territorio que abandonando la lógica mercantil pase “de la competencia entre las escuelas a la colaboración”. (ACES).

Se hace necesario que los sujetos de las comunidades educativas se empoderen como seres activos en los procesos de enseñanza- aprendizaje y que tomen conciencia que defender a los sostenedores no es lo mismo, ni está cerca de ser una defensa de los estudiantes y los niños y las niñas de nuestro país.