La distancia y desconfianza que la ciudadanía le demuestra a nuestra clase política nacional, y que desde hace un tiempo se evidencia como creciente, ha generado un importante abstencionismo electoral, lo que ha provocado, entre otras, la emergencia de candidaturas y promesas populistas, las que buscan aprovechar los vacíos y espacios que la élite política no supo mantener.
En este sentido, el cansancio que demuestra la ciudadanía respecto a las sistemáticas prácticas que ha tenido la élite política –y los distintos gobiernos– hoy permiten dibujar un escenario que es idóneo para la irrupción de mensajes políticos oportunistas que poco aportan a la recuperación de la confianza ciudadana.
Así entonces, el populismo aprovecha la actual coyuntura política y por la cual se hace fácil distinguir vicios de corrupción política dentro de los dos bloques políticos más importantes de nuestro país; ausencia de nuevos liderazgos políticos; la existencia de múltiples injusticias sociales; constatación de inequidades que son multidimensionales y que generan serias distorsiones en lo que es el concepto de Bien Común; y sobre todo, una importante desconfianza hacia instituciones públicas que parecieran no saber cómo honrar su obligación de orientar su actuar hacia la maximización del Bien Común, debilitando en consecuencia nuestra ya alicaída democracia.
Es ante este complejo escenario, manifestado en lo que se conoce como la crisis del modelo liberal de la democracia, en donde aparece la Educación Cívica como uno de los elementos protectores a estos mensajes irresponsables y poco rigurosos respecto a la estabilidad y sustentabilidad del Estado.
De esta forma, la implementación de una política pública bien articulada que fomente una formación ciudadana respetuosa de los valores democráticos se transforma en un factor que en el tiempo ayudaría a la construcción de una sociedad empoderada, altamente exigente respecto al actuar probo y ético de todos aquellos que aspiran a ocupar un cargo de representación popular y en un factor que genera la anhelada gobernabilidad de cara a los objetivos orientados al desarrollo social y económico del país.
