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7 de Septiembre de 2017

A la sombra del poder

"En consecuencia, quienes estamos por el desarrollo de una democracia estable debemos procurar la debida independencia de las instituciones del poder político y su fortaleza frente a los poderes fácticos".

Por Rodrigo Pablo
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Rodrigo Pablo es Abogado Universidad Católica.

A la entrada del museo de Rodin en París se erige una imponente réplica del Pensador; escultura que representa nuestra capacidad humana de pensar. Significado al que podríamos agregar la simbolización de la libertad humana que se orienta a la búsqueda de la verdad y del bien, así como de nuestra capacidad de resolver problemas a través de la argumentación y el debate de ideas. Lo que llevado a la arena pública puede ser visto como el régimen institucional en que el Estado y la sociedad se ordenan tras la búsqueda del bien, sometidos a la razón y al derecho.

Sin embargo, sabemos que esta ordenación no siempre se da y quizás será por ello que este monumento a la razón humana es cubierto por la sombra de “Les Invalides”; la tumba del emperador Napoleón. Por su parte, esta es la representación del culto al líder que todo lo controla y que aspira a imponerse en todas las esferas de la sociedad, incluso por la fuerza. De esta manera, el cuadro es muy decidor al mostrarnos que el imperio de la razón más de alguna vez ha sido sobrepasado por el poder político u otros agentes que representan los así llamados poderes fácticos. Los que no siempre se rigen por la razón de la ley y el bien común, sino según el deseo de imponer sus prejuicios y hacer valer sus intereses. En Chile los ejemplos abundan, pero me gustaría centrarme en dos.

Primero, en el fallo del Tribunal Constitucional referente al proyecto de ley de aborto promovido por el Gobierno. En él se volvió letra muerta parte del articulado de la Constitución que señala “la ley protegerá la vida del que está por nacer”, al aprobar la legalización y apoyo público a la realización de ciertas hipótesis de aborto, sin dar razón alguna de cómo la ley protegerá ahora la vida del que está por nacer en esas hipótesis. En este caso, pareció más importante para un grupo de ministros defender posturas ideológicas bastante difundidas, pero no jurídicamente vinculantes, a hacer valer el articulado de la Carta Fundamental. Así el poder pudo más que el sometimiento a la verdad.

Un segundo ejemplo lo encontramos en lo ocurrido con la Minera Dominga, a la cual se le negó la Resolución de Calificación Ambiental tras un tortuoso proceso que concluyó no solo con la desautorización de los organismos técnicos por parte de instancias políticas, sino con una crisis al interior del Gobierno que termino con dos ministros fuera del gabinete. En suma, un desastre que muestra la poca independencia de la institucionalidad ambiental y el poco compromiso de las autoridades políticas con la información técnica necesaria para tomar decisiones. Así, nuevamente el Pensador rinde culto y reverencia a la fuerza del emperador.

Estos hechos son escandalosos y hablan de una institucionalidad débil. La sumisión al líder o a la fuerza de ciertos grupos, en lugar de a la verdad –ya sea la correcta interpretación de la ley o al resultado de un proceso razonado–, representa el debilitamiento de las instituciones, la inseguridad de los ciudadanos y es la antesala de la injusticia. En este sentido, incluso aquellos beneficiados por las decisiones deben sentirse preocupado. Después de todo, instituciones débiles significan un país débil donde no hay garantía de que sus derechos serán protegidos en el momento en que pierdan sus fuerzas.

En consecuencia, quienes estamos por el desarrollo de una democracia estable debemos procurar la debida independencia de las instituciones del poder político y su fortaleza frente a los poderes fácticos. En este sentido, una buena forma de partir puede ser reducir la injerencia del Presidente de la República y sus ministros en el nombramiento y contratación de empleados públicos, así como en la revisión de las decisiones técnicas de estos. Por otro lado, procurar una despolitización de ciertos cargos de relevancia para el Estado como es el Tribunal Constitucional o los Tribunales de Justicia en general; aquí hay que procurar que ellos no hagan política, sino que simplemente apliquen la ley.

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