Hoy, los efectos de la pandemia, ponen de manifiesto la precariedad de nuestro sistema político económico e institucional, instaurado en dictadura. Lo ampliamente visibilizado desde el 18 de octubre de 2019, sumado a las enormes y brutales desigualdades que se han vislumbrado en el país, exhiben la verdadera cara de ese Chile que jugaba a ser “el jaguar de Latinoamérica” o que, año a año y, por medio del Estado, hace malabares para administrar y/o maquillar la pobreza y las injusticias sociales: restricciones para el acceso a una salud pública de calidad; desfinanciamiento en las escuelas y liceos municipales; cobros abusivos y usureros a las pymes o sobre-endeudamiento para vivir y sobrevivir a crédito (en el plano hipotecario, en la previsión o en el acceso a bienes y servicios básicos). ¿Qué explicación entregan las autoridades a esto? ¿Cómo responden las instituciones públicas a este mar de contradicciones?
Para contener la crisis sanitaria las cuarentenas son necesarias, pero para que puedan ser efectivas, el Estado debe garantizar las condiciones materiales básicas, proveyendo a las familias chilenas de lo necesario para quedarse en casa. Como le exigimos el cumplimiento incluso arriesgando cárcel a más de 20.000 personas en situación de calle; a 173.000 personas que viven en campamentos; a 300.000 que viven de allegados y a 500.000 de arrendatarios.
Asimismo, ¿cómo sugerimos lavarse las manos cada 2 horas a 500.000 personas que no tienen acceso al agua potable?, ¿a qué Chile le habla el Presidente? ¿cuál es el grado de conocimiento del pueblo que dice representar?
La institucionalidad chilena ha estado -progresivamente las últimas décadas- cada vez más lejos de la realidad social y, asimismo, cada día más distante de lo que, efectivamente, relevamos como servicio público. Sin embargo, mientras en el Gobierno central el Estado no es capaz de garantizar el derecho a la vivienda digna, la salud y bienestar de chilenos y chilenas, alcaldes y alcaldesas, a través de la gestión local, han podido encabezar una primera línea de apoyo, asistencia y contención que, de algún modo, se ha hecho cargo de las múltiples necesidades más inmediatas del pueblo, lo que les ha dado a los municipios el 75% de aprobación en su gestión.
La disputa de Gobiernos locales transformadores, que pongan el centro recuperar la confianza en la función pública y así mejorar la calidad de vida de las personas es un deber de la izquierda chilena.
La elecciones municipales del próximo 11 de abril, serán claves en el cambio de giro del aparato público y la renovación de las autoridades locales. Es tiempo de llevar adelante proyectos comunales innovadores, con robustos programas que pongan en el centro el bienestar de las personas y la justicia social, con equidad de género y conciencia ambiental.
Así construiremos el nuevo Chile, haciendo la Revolución Democrática desde los territorios.
