El incendio de Viña del Mar ha sido una de las mayores tragedias que ha azotado a la ciudad. Si bien los números ilustran su magnitud, lo más alarmante es el abandono y la falta de un plan de acción adecuado. Si esta situación persiste, cualquier esfuerzo de reconstrucción estará condenado al fracaso.
El abandono se ha hecho presente en diversas facetas a lo largo de los casi dos meses que han transcurrido. Éste no sólo se evidencia en la disminución de ayudas y voluntarios, sino también en la inacción y la falta de coordinación entre diversos tomadores de decisión. De hecho, una de las cosas más impactantes fue que, a pesar de la devastación de cerros y miles de viviendas, algunas autoridades ni siquiera interrumpieron su descanso para retomar sus funciones. ¿Hubieran actuado igual en Santiago? Lo dudo.
La parálisis también se grafica a nivel local. En un acto de mal gusto, la alcaldesa Ripamonti prefirió el proselitismo legislativo y la constante crítica a autoridades que, al igual que ella, son parte del oficialismo. Pensar que las inmobiliarias incendian ciudades para luego construir no solo es falaz, sino que da cuenta de que no existe claridad ni estrategias concretas para abordar la crisis.
El resumen ejecutivo del plan de Gobierno publicado hace algunos días es un claro ejemplo. Contrario a lo esperado, este no responde a la lógica de haberse hecho un catastro para delinear estrategias claras al momento de intervenir. Ello se ve en que se lista más de 250 medidas sin métricas ni hilo conductor, incluyendo algunas que ya están en funcionamiento, como el uso de subsidios y la construcción en terreno propio, pero que no reconocen la heterogeneidad local y los múltiples desafíos en la zona; similarmente, la declaración de áreas de riesgo de incendio no responde al desafío de reconstrucción ni al hecho de que gran parte de estos son habitados por campamentos que no cumplen con ningún tipo de regulación.
Para ilustrar lo anterior, no es lo mismo una vivienda afectada en un barrio dentro del radio urbano que una en un campamento. Estos últimos suelen ser los primeros en ser reconstruidos, lo que implica que uno de los principales riesgos (el uso de materiales no normados) se reinstale en el mismo sitio.
Asimismo, reconstruir conjuntos de viviendas, como sucede en unidades pareadas en El Olivar, difiere de hacerlo con casas unifamiliares donde las medidas pueden ser más flexibles. Ante ello, sólo se menciona el reconocimiento de 17 áreas de intervención donde se realizará planificación urbana. ¿No era el catastro una herramienta para definir con mayor profundidad?
Y es que, si queremos ayudar realmente a los damnificados, se necesitará mucho más que reproches, la ficha FIBE o un listado de medidas multidimensionales pero inconexas. Para ilustrar la complejidad del desafío basta con volver al incendio de 2014 en Valparaíso. En dicha instancia, ni los subsidios fueron efectivos debido a que incrementaron artificialmente los precios por la reducción de la oferta y el aumento de la capacidad de pago por esta vía. En consecuencia, los arriendos aumentaron hasta equiparase con las ayudas estatales, beneficiando a diversas familias, pero también resultando en que aquellos no beneficiados tuviesen que esforzarse aún más por encontrar un lugar para vivir.
Por otra parte, se requiere de un plan que integre adecuadamente a la industria de la construcción, la cual atraviesa por una crisis no vista en décadas. Si bien existen viviendas disponibles de proyectos en desarrollo que pueden mitigar el problema, el incremento de costos y la eliminación del crédito especial a las empresas constructoras están imponiendo barreras al esfuerzo de recuperar el stock perdido. De hecho, varias empresas han paralizado labores debido a estos problemas.
Estos factores son relevantes de destacar ya que, a diferencia de Chile, los incentivos tributarios y normativos han sido fundamentales para catalizar la implementación de políticas habitacionales en otras latitudes y con mercados aún más adversos, como ocurre en diversas ciudades de Estados Unidos. Ello radica en que son un canal que ayuda a mitigar los altos costos de construcción sin necesidad de traspasarlos en forma de precios a familias cuya capacidad de endeudamiento ha disminuido significativamente.
En síntesis, ante un Gobierno con poca capacidad de gestión, la falta de un plan bien desarrollado y una oferta que se contrae cada vez más, el optimismo es escaso, lo cual se percibe en visitas a terreno. Esto conduce a que las promesas del presidente Boric, tales como “nadie se quedará sin techo para el invierno”, o que “la reconstrucción no tomará más de dos años” -situación que ahora se pospone a cinco -, se transformen en meras declaraciones de buenas intenciones, ya que la realidad no ofrece buenos augurios para Viña del Mar.
