No hay deuda que no se pague
En 2023, Chile cumplió 16 años con una deuda pública que crece más rápido que la economía. Eso ha provocado que diferentes agencias internacionales hayan bajado nuestra calificación de riesgo, encareciendo cualquier endeudamiento futuro.
Por Bastián Romero
AGENCIA UNO/ARCHIVO.
Bastián Romero es investigador de la Fundación para el Progreso.
A comienzos de 2023, el Fondo Monetario Internacional (FMI) proyectaba que Chile terminaría el año con una deuda pública bruta de 36,6% del PIB, pero nos pasamos por casi tres puntos con una deuda de 39,4% del PIB.
Según las proyecciones económicas que el FMI publicó hace algunos días, esa deuda seguirá creciendo y se estabilizaría alrededor de 41,5% del PIB hacia 2029. Aunque quedan seis años para saber si el FMI acertará, hoy sabemos que hace seis años el mismo FMI proyectaba una deuda de apenas 25,7% del PIB para 2023. O sea, nos pasamos por 13,7 puntos.
Ahora bien, parte importante del inesperado aumento de la deuda pública entre 2018 y 2023 se explica por el rápido incremento del gasto público durante la pandemia, por lo que era de esperarse que nadie acertara proyecciones hechas antes de 2020. Sin embargo, nada nos asegura la ausencia de otra crisis antes de 2029 que tiente a los políticos de turno a elevar la deuda por encima de lo que se está previendo ahora. Cualquier shock interno o externo lo suficientemente significativo podría hacer que todas las proyecciones de deuda actuales terminen subestimando la realidad.
El Consejo Fiscal Autónomo (CFA) de Chile recientemente advirtió que, si bien en los últimos años tuvimos los ahorros suficientes para enfrentar terremotos, crisis financiera y pandemia, hoy no estamos bien preparados para volver a enfrentar algo de tal magnitud. Además, a pesar de la delicada situación fiscal que el CFA ha venido advirtiendo, el actual gobierno decidió incrementar el déficit esperado para 2026. Es decir, el gasto público se financiará cada vez más con deuda en lugar de ingresos permanentes.
Actualmente, nuestra deuda soberana se mantiene bajo el límite prudente fijado por Hacienda en 45% del PIB y es baja relativa a la de algunas economías desarrolladas. La potencial expansión del gasto, no obstante, podría destrozar ese límite en las décadas venideras. El FMI, por ejemplo, calculó que si Chile decide anclar el monto de la Pensión Garantizada Universal (PGU) al crecimiento real de la economía —medida posiblemente necesaria para mantener el monto del beneficio a un nivel significativo— la deuda pública podría llegar a 70% del PIB en 2050 si además consideramos el envejecimiento de la población.
¿Por qué debería importarnos a los chilenos el nivel de la deuda pública? Porque no hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague. En 2023, Chile cumplió 16 años con una deuda pública que crece más rápido que la economía. Eso ha provocado que diferentes agencias internacionales hayan bajado nuestra calificación de riesgo, encareciendo cualquier endeudamiento futuro.
El Estado debe usar los recursos recaudados de todos los chilenos para pagar los intereses de la deuda del país cada año. Y durante los últimos 16 años, esos pagos por intereses se han más que duplicado, siendo equivalentes al 1,1% del total de nuestra economía. O sea, más de US$ 3.000 millones de gasto que no se traduce en bienes o servicios para los chilenos, lo que, en perspectiva, es más de 8 veces lo que las austeras estimaciones de la OECD dicen que el Estado podría ahorrarse mejorando la eficiencia del gasto público.
Cualquier reforma tributaria que Chile apruebe en el futuro debería orbitar alrededor de que el ingreso, el gasto y la deuda deben estar anclados a nuestras posibilidades de crecimiento. Solo entonces las proyecciones de largo plazo podrían comenzar a acertar.
