Irán nos parece, a menudo, un país no solo lejano en términos geográficos, sino profundamente ajeno en su historia, su cosmovisión y su cultura. Para el ciudadano común en Chile, los sucesos en Teherán o en el Estrecho de Ormuz suelen ser omitidos o procesados como ruido de fondo, a menos que escalen a hechos de una gravedad ineludible. En lo personal, ese país suele evocar imágenes de conflictos bélicos crónicos debido a la compleja zona del planeta donde se encuentra; sin embargo, siempre ha persistido la idea reconfortante de que está “al otro lado” y de que el impacto real para nuestra angosta faja de tierra es minúsculo o meramente diplomático. No obstante, con el pasar de las décadas, esta percepción se ha vuelto obsoleta. Los avances tecnológicos, la interdependencia económica radical, los cambios en la geopolítica global y los flujos migratorios actuales hacen que sea imposible hacer vista gorda sobre lo que ocurre en el Medio Oriente.
Toda guerra moderna acarrea impactos sistémicos que involucran a una red cada vez más vasta de actores y Estados. ¿A qué se debe esta vulnerabilidad compartida? La respuesta corta es la energía. A pesar de las profundas diferencias ideológicas que podamos tener con el mundo oriental, y pese a los esfuerzos globales por diversificar la matriz energética hacia fuentes renovables, el petróleo continúa siendo el sistema circulatorio del comercio mundial. Sigue siendo el recurso crítico para cuestiones tan cotidianas como movernos en auto, operar el transporte público o, de manera más indirecta, comprar el pan de cada día. Los traslados de nuestros alimentos y productos básicos dependen de cadenas logísticas que consumen cantidades masivas de hidrocarburos. Por lo tanto, a medida que el conflicto en el Golfo Pérsico se prolonga, la probabilidad de que nuestros ingresos personales se vean afectados no es una teoría, sino una certeza estadística. El petróleo caro actúa como un impuesto invisible pero implacable al consumo y a la producción nacional.
Esta realidad reaviva hoy el fantasma inflacionario en un momento especialmente delicado. Los mercados globales aún intentan digerir las secuelas de dos hitos que transformaron la economía: las disrupciones de la pandemia y la política de aranceles impuesta por la administración Trump. En este escenario de fragilidad, la incertidumbre que generan las guerras en zonas productoras de crudo impacta de inmediato en las cadenas de suministro. Las bolsas de todo el planeta reaccionan con caídas preventivas, y la Bolsa de Santiago no es ajena a este “efecto dominó”. El temor a un bloqueo o cierre prolongado del Estrecho de Ormuz es el factor que más quita el sueño a los analistas, dado que por ese paso circula cerca del 20% de la producción mundial de petróleo. Si ese flujo se interrumpe, el desajuste entre oferta y demanda enviaría los precios a niveles récord, afectando la estructura de costos de prácticamente todas las industrias chilenas.
En esta misma línea, la política monetaria internacional se encuentra en una encrucijada. Antes del estallido del conflicto, los principales Bancos Centrales, tanto en Estados Unidos como en Europa, proyectaban una senda agresiva de bajas en las tasas de interés para este semestre, buscando reactivar sus economías. Sin embargo, con la energía al alza, surge el temor fundado de que estas instituciones mantengan las tasas elevadas por un plazo mucho mayor para contener las presiones inflacionarias externas. Para Chile, esto se traduce en un costo del endeudamiento que no cede, lo que frena la inversión y el crecimiento interno.
Como economía abierta y estructuralmente dependiente de las importaciones energéticas, Chile enfrenta un riesgo multidimensional. Esto no solo se traduce en el alza previsible de las bencinas en las estaciones de servicio, sino también en una presión alcista sobre el dólar. Cuando la incertidumbre global aumenta, los inversionistas buscan refugio en la divisa estadounidense, depreciando el peso chileno. Esto encarece automáticamente todo lo que compramos del exterior, desde tecnología hasta insumos agrícolas.
Asimismo, las acciones de empresas locales vinculadas al transporte y al consumo masivo se ven castigadas, lo que termina golpeando indirectamente el valor de los fondos de pensiones de millones de chilenos. En la práctica, una guerra a miles de kilómetros de distancia, gatillada por actores con los que apenas tenemos contacto, termina dictando la capacidad de ahorro y el costo de vida en nuestras ciudades.
Finalmente, a nivel político, la preocupación es —o debería ser— máxima. Ningún gobierno desea iniciar su gestión enfrentando una crisis económica importada de esta magnitud. Este es el desafío inmediato que enfrentará José Antonio Kast al asumir el mando. Las comparaciones entre su capacidad de gestión y la del gobierno saliente de Gabriel Boric ya son parte de la conversación cotidiana, pero en este nuevo contexto internacional, dichas comparaciones se volverán más agudas. El electorado suele ser impaciente con los efectos económicos de las crisis externas, y el éxito del nuevo gobierno dependerá en gran medida de su habilidad para mitigar el impacto del shock energético sin descuidar las promesas de orden y reactivación. La historia nos enseña que los conflictos en el Medio Oriente tienen el poder de desestabilizar agendas internas y poner a prueba la resiliencia de las democracias emergentes. Chile no es una isla, y hoy más que nunca, nuestro bienestar cotidiano está encadenado a la estabilidad de un mundo que se siente cada vez más pequeño y, lamentablemente, más convulso.
Navegar estas aguas requerirá no solo prudencia, sino una sofisticación diplomática que permita proteger los intereses nacionales en un escenario de fragmentación global acelerada. La pregunta de fondo ya no es si el conflicto nos afectará, sino qué tan robustas son nuestras instituciones para gestionar una inestabilidad donde estamos en medio.
