En los últimos días, la discusión sobre el financiamiento de la educación superior volvió a instalar una pregunta incómoda: ¿tiene sentido endeudarse para estudiar una carrera que ofrece bajas perspectivas laborales o ingresos reducidos? La inquietud es legítima. Estudiar implica tiempo, esfuerzo y, en muchos casos, un compromiso financiero importante para los jóvenes, sus familias y el Estado. Sin embargo, el debate se vuelve problemático cuando parece concluir que solo vale la pena cursar aquellas carreras que prometen altos ingresos.
La información económica importa. Conocer la empleabilidad, las remuneraciones, el costo, la duración y las tasas de deserción de un programa debe ser parte de cualquier decisión responsable. El reciente estudio de la Fiscalía Nacional Económica reveló que un 35% de las carreras de educación superior presenta un retorno económico negativo y que cerca del 40% de quienes ingresaron al sistema en 2023 lo hizo en uno de esos programas. Son antecedentes que no podemos ignorar.
Pero el mismo diagnóstico también muestra algo igual de relevante: la elección de una carrera se prepara poco, la información disponible se utiliza de manera limitada y muchos estudiantes enfrentan este proceso sin orientación suficiente. Por eso, entre sus recomendaciones, la Fiscalía propone reforzar la orientación vocacional durante toda la enseñanza media y entregar información personalizada antes de la postulación.
Ese punto debe ocupar el centro de la conversación. El problema no es que un joven elija una carrera con un retorno económico menor. El problema es que lo haga sin conocer ese antecedente, sin comprender los riesgos y sin evaluar cómo esa decisión se relaciona con el proyecto de vida que desea construir.
Una buena elección no es necesariamente aquella que conduce al salario más alto. Es aquella que se toma de manera consciente, con información clara y desde una reflexión honesta sobre los intereses, habilidades, expectativas y valores de cada persona. Para algunos jóvenes, la estabilidad económica será una prioridad y, en ese caso, las perspectivas de ingresos tendrán un peso determinante. Para otros, pueden resultar más importantes el propósito, la autonomía, el tiempo disponible, el lugar donde quieren vivir o el aporte que esperan realizar a su comunidad.
Ninguna de esas prioridades es incorrecta. El éxito tampoco tiene una única definición. Lo importante es que cada estudiante comprenda las consecuencias de su elección y sepa qué oportunidades, costos y dificultades puede encontrar. Informar no significa decidir por los jóvenes, sino entregarles mejores herramientas para ejercer su libertad.
También debemos ser cuidadosos con la forma en que interpretamos los promedios. Los indicadores permiten conocer tendencias y probabilidades, pero no predicen de manera exacta el futuro de cada persona. Una carrera con menor retorno promedio puede dar origen a trayectorias satisfactorias, así como una carrera con altos ingresos no garantiza realización personal ni estabilidad laboral. No corresponde prometer que todos lograrán convertirse en la excepción, pero tampoco condenar anticipadamente sus decisiones.
En este escenario, las trayectorias flexibles adquieren especial relevancia. Hoy, elegir una carrera no equivale a definir para siempre una identidad profesional. Los cambios tecnológicos, la inteligencia artificial y la transformación del mercado laboral exigen nuevas competencias, especializaciones y cruces entre distintas áreas del conocimiento. El título entrega una base, pero no determina por sí solo todo el camino posterior.
Una persona puede complementar su formación, desarrollar habilidades digitales, fortalecer capacidades de gestión, incorporar conocimientos de otras disciplinas o trasladarse hacia ámbitos relacionados. La pregunta ya no es únicamente qué carrera estudié, sino qué valor puedo agregar y qué herramientas necesito para avanzar hacia el proyecto de vida que quiero.
Esto no significa trasladar toda la responsabilidad a los estudiantes. Las instituciones deben entregar información transparente, actualizar sus programas y responder con mayor pertinencia a las necesidades del entorno. El Estado, por su parte, debe asegurar que los jóvenes accedan a orientación y antecedentes comprensibles con suficiente anticipación. No basta con disponer de una plataforma si los estudiantes la conocen pocos días antes de postular.
Advertir sobre los riesgos financieros de una decisión educativa puede ser necesario. Pero esa advertencia debe formularse con responsabilidad, sin reducir el valor de una carrera a su remuneración futura ni clasificar las vocaciones entre aquellas que merecen apoyo y aquellas que no.
Una carrera no es una sentencia ni una garantía. Es una herramienta dentro de una trayectoria mucho más amplia. Nuestro desafío no es decirles a los jóvenes qué deben estudiar, sino asegurar que puedan elegir con información, libertad y una comprensión real del camino que tienen por delante.
