La izquierda opositora, especialmente el Frente Amplio y el Partido Comunista, están escogiendo un terreno peligroso para enfrentar al gobierno de José Antonio Kast: la Ley de Presupuestos 2027. Demás esta decir que todo parlamentario tiene derecho a fiscalizar cada peso y a cuestionar cada recorte. Pero convertir esa discusión en una batalla moral exige una credibilidad que su propia gestión dejó seriamente dañada. Antes de repartir certificados de sensibilidad social, les corresponde explicar las cuentas que entregaron.
El debate ya muestra una controversia atendible: Hacienda anuncia un crecimiento del gasto de 1,5% respecto de la ejecución proyectada de 2026, mientras la oposición cuestiona esa base de comparación. Discutirlo es legítimo. Lo que resulta poco convincente es presentar cualquier ajuste como un ataque a los derechos sociales, sin hacerse cargo de su propia responsabilidad en las restricciones fiscales que heredó el actual gobierno.
Porque las restricciones y recortes tienen historia. El cierre preliminar de 2024 mostró un déficit estructural de 3,2% del PIB, frente a una meta de 1,9%. Para 2025, la Dipres informó inicialmente un déficit estructural de 3,55% y uno efectivo de 2,8%. Son conceptos distintos, pero ambos obligan a la actual oposición y a sus exautoridades a dar explicaciones incomodas. Un gobierno que compromete una trayectoria fiscal y termina desviándose debe explicar primero por qué falló y quién responde, antes de llenar de exigencias a la actual administración.
El diagnóstico del Consejo Fiscal Autónomo fue particularmente severo con la administración del Presidente Boric: identificó fallas persistentes e importantes al estimar ingresos, cambios en los ajustes cíclicos, medidas correctivas poco eficaces y una reducción del gasto insuficiente. El reproche provino de un organismo técnico independiente. La administración de Boric gastó sobre una planificación que no logró sostener. Esa es la discusión que el FA y el PC tendrán que enfrentar cuando exijan más recursos o rasguen vestiduras frente a los recortes.
Solo una muestra de lo anterior, es la conducta del ex ministro Grau quien durante la tramitación del Presupuesto 2026 defendió que los ingresos estaban bien estimados, pese a los cuestionamientos que obligaron a abrir una revisión con expertos. Más grave aún, el Consejo Fiscal Autónomo advirtió que las provisiones eran insuficientes para financiar el reajuste del sector público y que cubrirlo exigiría reasignaciones dentro del presupuesto. Aprobar una ley dejando gastos previsibles sujetos a ajustes posteriores es trasladar el problema a quien viene: el nuevo gobierno debe encontrar los recursos y asumir el costo político de moverlos. Esa es la debilidad de Grau para dar hoy lecciones de responsabilidad fiscal: haber defendido la suficiencia de un presupuesto cuyo financiamiento ya mostraba advertencias concretas.
Más impresentable aun fue su defensa final de las cuentas fiscales: comparó el déficit efectivo de 2025, un año normal, con el de 2021 para sostener que la situación había mejorado, aunque reconoció estrés fiscal y una convergencia incumplida. Compararse con un año de pandemia permite forzar la imagen de una reducción; pero evita responder por las metas fallidas de su propio gobierno.
Kast deberá justificar sus prioridades y responder por sus decisiones. La herencia recibida no le entrega inmunidad. Pero la oposición tampoco puede borrar su pasado con una consigna. Si quiere defender un programa, que demuestre su eficacia y proponga cómo financiarlo. Si exige aumentar una partida, que indique de dónde saldrán los recursos.
Ahí está su error estratégico: elegir el presupuesto como escenario de una ofensiva frontal obliga a comparar discursos con resultados. Y en esa comparación, el FA y el PC tienen demasiadas explicaciones pendientes. La responsabilidad social también consiste en asegurar que las promesas puedan pagarse. Gobernaron cuatro años. Ya deberían saberlo.
