La presentación del presupuesto de la Nación parece ser uno de los momentos de mayor tensión entre el Gobierno y la oposición en lo que va del mandato. Precisamente, los dardos apuntaron directamente en los ministros Jorge Quiroz y María Paz Arzola por anunciar el cese del financiamiento al programa Yo Elijo mi PC. Tan hondo calaron los embates, que el mismo ministro de Hacienda flexibilizó su posición al poco andar, lo que ciertamente no es algo habitual en él.
Desafortunado o no, hay un hecho llamativo que vale la pena constatar, esto es que varios de los protagonistas en el debate público han desestimado la evidencia sobre el programa, al tiempo que han revelado su falta de consistencia, o si prefiere, su ansias de conveniencia simplista. La DIPRES calificó el programa con “Desempeño Bajo” en 2018. Cuatro años más tarde, a través de modelos de regresión discontinua (es decir, ciencia pura y dura) certificó que no había impacto distinto de cero sobre el rendimiento académico, la asistencia escolar, habilidades no cognitivas y uso de la tecnología para estudiar; peor aún, demostró que JUNAEB no tenía criterios claros de priorización a la hora de la entrega. Como si no faltase más, la Contraloría General de la República encontró serías deficiencias en la asignación del beneficio.
Ahora bien, siendo legítimo argumentar desde una vereda diferente a la de los datos objetivos —marcos epistemológicos hay para todos los gustos—, a la luz de las discusiones recientes en materia educacional, pareciera tratarse más de un oportunismo que de una prominente honestidad intelectual. Si tomamos como ejemplo la discusión del Sistema de Admisión Escolar, que se sigue desarrollando en el congreso, en ella se ha cuestionado insistentemente al MINEDUC por centrar su posición en base a principios y valores que pretenden equilibrar. Los críticos, en cambio, y más allá de su color político, han repetido consecutivamente el mismo mantra: “la evidencia apunta para otro lado”, “el gobierno ignora los datos objetivos”, “los técnicos ya han planteado soluciones” y un largo etcétera.
Más allá de quién gané finalmente las discusiones políticas en ambos casos, la incoherencia salta a la vista. Cuando el ejecutivo se ciñe mayoritariamente en valores y principios, los catalogan de ciegos frente a la ciencia — cómo si esto no fuera simplemente una falacia del “hombre de paja”— . Luego, cuando presentan datos duros como fuente primera del razonamiento, se les acusa de insensibles frente a la complejidad y profundidad social. Así, ser detractor se vuelve sumamente conveniente.
Otro ejemplo es la detención de la expansión del presupuesto para sumar nuevos Liceos Bicentenarios. El ejecutivo ha indicado que es necesario evaluar la política y consolidarla; los críticos arguyen que se trastoca un estandarte moral del sector. Por otra parte, este no es un problema acotado a la educación. El Gobierno decidió reducir drásticamente el presupuesto de la popular “Ley Cholito”, luego de que la Contraloría detectara miles de millones sin rendir y cientos de prestaciones no ejecutadas; nuevamente, de espalda a los datos, se argumenta una supuesta “falta de sensibilidad” o que sería una suerte de revancha hacia una ley que el presidente como diputado no aprobó. El patrón se repite una y otra vez.
En definitiva, el debate público exige una mínima honestidad intelectual: la evidencia no puede ser una bandera que se exhibe cuando conviene y se desecha cuando incómoda. Si quienes se sienten representados por la oposición o por el propio oficialismo perspicaz aspiran a construir soluciones duraderas para el país, deben actuar reflexivamente, junto con abandonar el cálculo político cortoplacista y ponderar debidamente sus posturas con un alto estándar que no nos haga dudar, ni un segundo, acerca de sus intenciones.
