El proyecto de Presupuesto 2027 recortó los fondos para las Becas TIC de la Junaeb, el programa que desde 2009 conocemos como Yo Elijo Mi PC. El revuelo ha sido enorme, tal vez desproporcionado. Conviene, sin embargo, detenerse en una distinción que casi nunca se hace, la que separa a un programa que se justifica por lo que promete de uno que se justifica por lo que logra.
Por lo que promete, Yo Elijo Mi PC es inatacable. ¿Quién podría oponerse a que un niño que nació en el lugar equivocado tenga en sus manos la herramienta con que hoy se estudia, se investiga y se descubre un talento? Nadie. Y precisamente por eso nadie quiere hacerse la segunda pregunta, la difícil, la que no rinde aplausos. ¿Funciona? El programa arrastra malas evaluaciones, no muestra un efecto relevante en el aprendizaje, y si recordamos un informe de Contraloría de 2024, hubo nueve mil computadores no entregados desde 2015. Así las cosas, se puede discutir el diagnóstico. Lo que no se puede es seguir eximiendo a un programa del examen por el sólo mérito de su nombre. Y eso se puede aplicar a muchos de los programas e incluso instituciones de gobierno que casi no funcionan y están totalmente obsoletas.
Ese análisis se torna mucho más relevante aún con la economía que tenemos. Veamos, entre 2000 y 2013 el PIB creció en promedio 4,5% al año y la inversión, 8,6%. Después, todo se derrumbó. Entre 2014 y 2025 los crecimientos fueron de 2% y 1,7%, respectivamente. En simple, dejamos de crecer e invertir de manera drástica, entonces, si queremos ser responsables y volver a lo que hacíamos a comienzos de este siglo, debemos dejar de gastar plata que no generamos y no tenemos.
El fisco, en cambio, vivió años como si esa regla no le aplicara. El gobierno de Gabriel Boric entregó La Moneda con la deuda bruta en 41,7% del PIB, y en junio el de José Antonio Kast tuvo que pedir autorización para endeudarse hasta en 6.200 millones de dólares adicionales porque los ingresos del Presupuesto 2026 estaban sobreestimados. Es la tarjeta que se paga con otra tarjeta, la bicicleta que alguien tiene que dejar de pedalear.
Lo notable es que el Estado sabe perfectamente dónde quema billetes. El Informe de Finanzas Públicas de la Dipres identifica 263 programas con asignación presupuestaria propia, y 144 de ellos presentan hallazgos relevantes en su evaluación. Los calificados con desempeño insuficiente perderán en promedio 18,9% de sus recursos el próximo año, y los objetados técnicamente, 35%. Se podan, no se cierran. Año tras año el diagnóstico se repite y año tras año el programa sobrevive, porque detrás de cada uno hay funcionarios, clientelas y algún parlamentario dispuesto a defenderlo. Lo que falta no es información. Es valentía.
Prodemu es el ejemplo de manual. Según la ministra de la Mujer, Judith Marín, cerca del 80% de su presupuesto se destina a remuneraciones y arriendos, y su deuda bordea los 3.000 millones de pesos, algo muy similar al famoso Instituto de la Juventud. La propia exministra Antonia Orellana admitió que el déficit del Prodemu “se acrecentó en nuestro período de gobierno”.
Cada peso debe ir a lo que mueve la aguja y no a lo que satisface la ambición de quien corta la cinta. Es, otra vez, la distinción entre un programa que se justifica por lo que promete y uno que se justifica por lo que logra. Gobernar es priorizar.
