En medio de la discusión sobre las prioridades del presupuesto de 2027, la decisión del Ministerio de Vivienda de financiar centros comunitarios de culto ha abierto una controversia que excede el monto de los recursos. La medida, incorporada al programa de 2026, ofrece una oportunidad para reflexionar sobre la relación entre política y religión y sobre el lugar de lo religioso en la esfera pública de una democracia liberal.
Confieso que mi primera reacción al conocer la medida fue de inquietud. La posibilidad de que existan normas que explícitamente permitan al Estado destinar recursos de todos para favorecer las convicciones de algunos, enciende alarmas. Pero esa lectura inicial merece, creo, una segunda mirada. La historia político-institucional vuelve sobre una distinción que me parece pertinente: la laicidad declarada del Estado no equivale a la secularización de la sociedad. La historiografía muestra que la secularización chilena del siglo XIX no expulsó al catolicismo de la vida pública, sino que solo transformó su presencia. Tras la consagración normativa de la libertad de culto (1865) y la declaración del carácter laico del Estado, en 1925, lo católico mantuvo e incluso profundizó su influencia a través de distintas formas de asociación: educación, acción social, acompañamiento laboral y sindical, organización femenina.
Esta evidencia historiográfica, en Chile y el mundo, nutre lo que una parte importante de la filosofía política razona: lo público es y siempre será más amplio que lo estatal, porque las convicciones no habitan únicamente la conciencia individual, sino que sostienen comunidades e instituciones (como con elocuencia discute Manfred Svensson en su trabajo El lugar de lo sagrado). Reconocer esa dimensión insoslayable de la experiencia religiosa en una democracia liberal no es solo inevitable, sino también, bajo ciertos presupuestos, deseable. Colaborar con un proyecto comunitario vinculado a una religión no equivale a adoptar su credo, y el Estado podría entonces promover medidas como la contenida en la normativa del MINVU sin traicionar su neutralidad. Dado que reconocer el valor social de la asociación religiosa no genera, de suyo, un derecho al subsidio, el gasto deberá justificarse por una finalidad pública y confrontarse con otras prioridades. Pero ello es viable si la regulación exige beneficios para la comunidad general y contempla el culto como actividad complementaria.
Ahora bien, estas distinciones importan para despejar alarmas iniciales y rechazos viscerales, pero no bastan para descartar los desafíos que plantea la norma. El primero está implícito en lo discutido y es el riesgo de desigualdad. Para respetar la igualdad no es suficiente abrir la convocatoria a distintas confesiones: corresponde justificar también las diferencias con organizaciones sin vínculo religioso que cumplen funciones semejantes. La exención del aporte exigido a otros postulantes merece ese examen porque la neutralidad se juega tanto en las reglas como en su aplicación.
El segundo riesgo es la instrumentalización política. Brasil recuerda cuán actual es el problema. Antes de la primera vuelta, los sondeos mostraban mayor apoyo a Lula entre católicos y a Flávio Bolsonaro entre evangélicos. Esas diferencias no convierten a los creyentes en bloques electorales ni deslegitiman que sus convicciones orienten su participación política. La amenaza consiste en que el poder mire a las comunidades de fe como reservas de votos y que sus dirigentes encuentren en la cercanía al Gobierno una vía privilegiada de acceso a recursos. Una colaboración puede entonces transformarse en intercambio de lealtades. Además de comprometer la imparcialidad estatal, esa dependencia puede debilitar la libertad de las comunidades para criticar a quien las financia.
Por eso, en la democracia liberal el apoyo a iniciativas asociadas a un culto debe descansar en criterios verificables de beneficio comunitario, en una asignación transparente y en la fiscalización del uso de los recintos. No debe premiarse la adhesión política ni castigarse la disidencia, para que la independencia proteja a las instituciones públicas, pero también a la religión frente a su utilización electoral. El desafío es complejo: un Estado neutral debe poder reconocer y colaborar sin privilegiar. Y es que, en lo sustantivo, la laicidad no está para vaciar de convicciones a la sociedad, sino para impedir que el poder use y abuse de la religión y del pluralismo y, eventualmente, los corrompa a ambos.
