Han pasado apenas tres días desde que las calles de París, Lyon y Marsella se convirtieron en escenarios de incendios, saqueos y enfrentamientos, y la pregunta que inevitablemente surge recuerda aquella frase inmortal de Mario Vargas Llosa en Conversación en La Catedral: ¿en qué momento se jodió Francia? ¿Cuándo el país que convirtió la libertad, la igualdad y la fraternidad en principios universales comenzó a mostrar semejantes dificultades para garantizar algo tan elemental como la convivencia entre sus ciudadanos?
Sería cómodo atribuirlo todo a Emmanuel Macron, a una economía que no logra despegar o a la indignación de una generación que siente que el futuro se le escapa. Pero lo que está ocurriendo en Francia es bastante más profundo que el desgaste de un gobierno. Es la expresión de una sociedad que lleva demasiado tiempo postergando decisiones difíciles, confundiendo tolerancia con permisividad y descubriendo, quizás demasiado tarde, que los valores democráticos no se sostienen únicamente con discursos bienintencionados.
Francia no llegó a este punto de un día para otro. Durante décadas construyó uno de los Estados de bienestar más ambiciosos del mundo, al mismo tiempo que acumulaba compromisos fiscales cada vez más difíciles de financiar y una creciente incapacidad política para reformarlos. Hoy, con una deuda pública que supera el 117% de su producto interno bruto, una Asamblea Nacional fragmentada y una ciudadanía profundamente desconfiada de sus dirigentes, el país parece atrapado entre quienes exigen que todo cambie y quienes se resisten a asumir el costo de cualquier transformación.
El deterioro de los servicios públicos, las dificultades económicas y la frustración de los jóvenes merecen respuestas serias, pero ninguna de esas demandas puede convertirse en una autorización para incendiar edificios, destruir negocios o atacar a quienes tienen la responsabilidad de mantener el orden. Cuando esa frontera se desdibuja, quienes primero pierden son los ciudadanos comunes, incluidos aquellos cuyas demandas dieron origen a las movilizaciones.
Hay, además, una dimensión particularmente inquietante que no debiera quedar relegada entre las imágenes de automóviles incendiados y vitrinas destrozadas. Durante los disturbios también se reportaron daños contra una sinagoga en París y ataques a comercios de propietarios judíos en Marsella.
Todavía corresponde esclarecer los móviles de cada episodio, pero resulta imposible ignorarlos en un país donde el antisemitismo constituye desde hace años una preocupación creciente. Una sociedad que se enorgullece de su tradición ilustrada no puede acostumbrarse a que sus ciudadanos judíos deban preguntarse si podrán vivir su identidad con tranquilidad, ni permitir que los prejuicios religiosos o identitarios encuentren refugio en el desorden político.
Y aquí aparece una de las grandes contradicciones de nuestro tiempo: en nombre de la diversidad, algunas corrientes terminan relativizando principios que debieran ser intransables, mientras otras aprovechan el miedo para ofrecer respuestas autoritarias que tampoco resuelven el problema. Defender una sociedad abierta exige algo bastante más incómodo que elegir entre esos extremos, porque supone proteger simultáneamente la libertad de expresión, la seguridad de las personas, la igualdad ante la ley y el derecho de cada individuo a vivir sin intimidaciones, independientemente de su origen, religión o pensamiento.
Macron tiene una responsabilidad evidente en el debilitamiento político de Francia, pero sería ingenuo pensar que su salida resolverá automáticamente una crisis que lo antecede y que probablemente lo sobrevivirá. La incapacidad de los sectores moderados para ofrecer un proyecto convincente ha dejado un espacio creciente a los discursos radicales, mientras la conversación pública se transforma en una competencia por identificar culpables en lugar de construir soluciones.
Lo ocurrido este fin de semana debería preocuparnos también desde Chile, donde conocemos demasiado bien la tentación de romantizar la violencia cuando parece servir a una causa que consideramos justa. Las imágenes de París recuerdan que el deterioro institucional no comienza necesariamente con una ruptura espectacular, sino con pequeñas concesiones, justificaciones sucesivas y la peligrosa idea de que ciertas reglas pueden suspenderse dependiendo de quién las transgreda.
Francia sigue siendo una gran democracia, con instituciones, recursos y una tradición intelectual extraordinaria. Precisamente por eso resulta tan perturbador observar su fragilidad actual. El desafío no consiste únicamente en recuperar el control de las calles, sino en reconstruir un acuerdo sobre aquello que ninguna diferencia política debiera poner en duda: que la libertad necesita instituciones capaces de protegerla, que los derechos vienen acompañados de responsabilidades y que el pluralismo solo es posible cuando aceptamos límites comunes.
Tal vez la pregunta de Vargas Llosa no tenga una fecha como respuesta, porque las sociedades rara vez se deterioran en un instante preciso. Se deterioran cuando comienzan a considerar normales situaciones que antes habrían resultado intolerables, cuando confunden el miedo a ejercer la autoridad con respeto por las libertades y cuando dejan de defender los principios que hicieron posible su prosperidad.
La Francia que iluminó al mundo con sus ideas no está condenada a apagarse, pero para evitarlo tendrá que recordar que la libertad, la igualdad y la fraternidad no son tres palabras talladas en los edificios públicos: son compromisos que se defienden todos los días, especialmente cuando hacerlo deja de ser fácil.
