Señor director:
Cuando la presidenta de la Convención se refirió a los actos de violencia ocurridos en la Macrozona Sur, diciendo que “el Ministerio Público tiene que investigar, el Gobierno tiene que dar señales de participación”, acertó en no querer inmiscuirse en cuestiones que corresponden a otros órganos y poderes del Estado. No obstante, lo que resulta inexplicable es que no haya tenido problemas en hacer demandas a esos poderes cuando se habla de los llamados “presos de la revuelta”. La máxima autoridad de un órgano elegido democráticamente debe rechazar la violencia venga de donde venga, ya que de lo contrario se desvirtúa la democracia. No se puede ser selectivo, condenando unos hechos e interviniendo en las facultades de otros poderes en unos casos y en otros no.
Asimismo, es contrario a la democracia el ánimo y prácticas que se desarrollan dentro de la Convención de marginar e intentar vetar y excluir a miembros que tienen opiniones o trayectorias diferentes y que no son compartidas por la mayoría, como el caso del convencional Jorge Arancibia. Es fundamental que en todas sus instancias se promueva un debate tolerante y con pleno respeto a todos sus integrantes pues, de lo contrario, se vulneran los principios básicos de cualquier sociedad en donde se aprecie la libertad y se defienda dignidad de las personas.
Martín Durán,
Fundación para el Progreso Concepción
