Señor director:
Cuando se habla de que el Estado debe estar al servicio de las personas, lo que se persigue es ubicar al ciudadano como centro de la actividad estatal. Es perfectamente posible compatibilizar un Estado eficaz con una ciudadanía activa y empoderada. En este sentido, es relevante mantener las exigencias de transparencia por cuanto estas permiten el control hacia la autoridad por parte de la ciudadanía, junto con una activa participación en la gestión y discusión de los asuntos públicos.
De igual importancia es el principio de probidad, que exige que toda actuación tenga por finalidad la satisfacción del interés público, lo que permite enfocar los recursos y esfuerzos en la correcta gestión por bien común. La revisión de las Bases de la Institucionalidad es especialmente importante, ya que ellas recogen los principios y valores fundantes tanto del ordenamiento jurídico como del sistema político. Según el pensador francés Fréderic Bastiat “cuando el saqueo se convierte en una forma de vida para un grupo de hombres en la sociedad, en el transcurso del tiempo crean para sí mismos un sistema legal que lo autoriza y un código moral que lo glorifica. De este modo, principios que definan los límites de los funcionarios del Estado, en defensa de los ciudadanos, no pueden quedar fuera del debate de nuestra futura Carta Fundamental.
Martín Durán,
Fundación para el Progreso Concepción
