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Zaldivar e informe por caso Kodama: “va más allá de lo que se ha dicho”

El jefe de la bancada de senadores de la Democracia Cristiana, Andrés Zaldivar, comentó el dictamen de la Contraloría por el caso Kodama, destacando que el alcance de este “va más allá de lo que se ha dicho”, pues existe una “cosa muy grave” que el Ministerio Público deberá resolver.

El jefe de la bancada de senadores de
la Democracia Cristiana, Andrés Zaldivar, comentó el dictamen de la
Contraloría por el caso Kodama, destacando que el alcance de este
“va más allá de lo que se ha dicho”
, pues existe una “cosa
muy grave” que el Ministerio Público deberá resolver.

Luego de leer el informe, Zaldivar
estima que “es mucho más grave” de los pensado, porque “el Contralor da las bases para demostrar que ha habido
la intención de un delito frustrado
(…) ha habido tentativa de
cometer un delito de cohecho y de malversación de fondos públicos y
se han asociado”.

Según el senador, se podría llegar a
determinar que “habría asociación ilícita entre los funcionarios
de la confianza de la Ministra (Matte) y los personeros de la empresa, que
consensuaron un procedimiento judicial para tratar de evadir el
control de la Contraloría y aprovecharse de la ingenuidad y de la
poca responsabilidad de la Ministra”.

Al respecto, el parlamentario explicó
que el “Gobierno no está exento de responsabilidad, puesto que hay
un acto jurídico que está ejecutoriado y puede obligar al Estado a
pagar la suma pactada, entonces, aquí hay una cosa más grave
y el Ministerio Público tiene que resolverlo y podrían haber
querellas para perseguir la tentativa de delito frustrado, cohecho y
de malversación de fondos públicos”.

“El alcance del dictamen del
Contralor va más allá de lo que se ha dicho”, porque aquí
“claramente, ha habido un intento de un delito frustrado tratando
de apropiarse de recursos del Estado mediante una simulación de un
proceso judicial para obligar al Estado a un pago”, agregó.

Además, el senador aseguró que “para
cometer el delito se pusieron de acuerdo, el privado y funcionarios
del Estado de la confianza de la ministra
para poder obligar al
Estado a pagar 35 millones de dólares”.

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