Intendentes y gobernadores deberán transparentar su patrimonio
El anuncio, se enmarca dentro de la Agenda de Probidad y Transparencia que lleva a cabo el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, en la cual se incluyen iniciativas como la creación del Portal de Transparencia del Estado o la implementación de la Ley 20.500 sobre participación ciudadana.
Por RedacciónEl gobierno dispuso que 150 jefaturas superiores de servicios, entre ellos intendentes y gobernadores, publiquen desde hoy sus declaraciones de patrimonio e intereses en páginas webs oficiales, con lo cual se amplía la medida que hasta ayer sólo regía para el Presidente y el gabinete ministerial.
El anuncio, se enmarca dentro de la Agenda de Probidad y Transparencia que lleva a cabo el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, en la cual se incluyen iniciativas como la creación del Portal de Transparencia del Estado, que tendrá en un solo lugar toda la información asociada a transparencia activa. La implantación de la Ley 20.500 sobre participación ciudadana, que obliga entre otros la creación de consejos ciudadanos en los servicios públicos.
Asimismo, contempla el proyecto de ley de Consultas y Plebiscitos Comunales, que reduce exigencias actuales para plebiscitos locales y amplía las materias de consulta; y el proyecto de Ley de Probidad Pública, que fija la administración ciega de patrimonio y la enajenación de activos, entre otros.
La nueva práctica, señaló en un comunicado el ministerio, busca proyectar el prestigio del país desde América Latina hacia el mundo, luego de que en junio pasado la organización World Justice Project (EE.UU.) ubicara a Chile en el primer lugar latinoamericano sobre el respeto al Estado de Derecho.
Según la secretaría de Estado, la iniciativa consolida el liderazgo mundial de Chile en materia de “transparencia activa”, pues a la fecha, ningún país de América obliga la publicación total de estas declaraciones, aun cuando algunos establecen el mandato de entregarla a un organismo contralor que las fiscaliza.
De hecho, la mayoría de los países maneja el tema a través de la confidencialidad o reserva de las declaraciones, pudiendo ser éstas examinadas sólo por orden de un tribunal de justicia. Esta situación, se registra en países desarrollados como Alemania o Canadá, donde las declaraciones de intereses y patrimonios de las autoridades públicas son de carácter reservado.
