A través de un texto publicado en el sitio web de la Conferencia Episcopal, el Pequeño Cottolengo dio a conocer una denuncia de presuntos abusos sexuales en contra de un religioso de dicha institución, de la que habría sido víctima una persona con discapacidad.
El comunicado señala que “el 30 de mayo pasado se ha puesto en conocimiento de la justicia una denuncia por posible abuso sexual que afectaría a un interno del hogar, de 37 años de edad, con discapacidad intelectual, siendo el presunto agresor un sacerdote de la institución. El mismo Pequeño Cottolengo ha solicitado el inicio de una investigación para esclarecer los hechos denunciados y ha proporcionado al Ministerio Público todos los antecedentes recabados para la investigación”.
Con la misma fecha, el sacerdote nombrado en la denuncia, que no es identificado por la Iglesia, “presentó personalmente ante la Fiscalía Local de Maipú una denuncia para que se investigue la imputación de que ha sido objeto, en virtud del derecho que le asiste, al calificar esta denuncia como falsa“, agrega el texto.
Como lo indica el Protocolo de la Conferencia Episcopal de Chile para estas situaciones, “se ha establecido la correspondiente investigación canónica y como medida cautelar, mientras duren las indagaciones, se ha separado al sacerdote de sus funciones en la institución”
Eduardo Santander, director ejecutivo de El Pequeño Cottolengo de Santiago, sostuvo al respecto que “estamos convencidos de que esta situación se esclarecerá a la brevedad, por lo que seguiremos colaborando plenamente con las instancias que lo investigan y con la autoridad competente”.
“Este es un episodio sumamente doloroso y tenemos la mejor disposición para continuar nuestra misión de acoger y dignificar a las personas con discapacidad intelectual. El Pequeño Cottolengo ha actuado con el máximo de transparencia, informando a nuestro personal constantemente de las situaciones, como también a los familiares de los posibles involucrados”, manifestó.
El comunicado da cuenta, además, de tres casos de acusaciones de “supuesto maltrato y negligencia” que se presentaron en los meses de mayo y junio. “Todas ellas se han investigado, y se ha puesto la totalidad de la información en conocimiento de las autoridades”, reza el texto.
“Cuando se han encontrado elementos que pudieran ser constitutivos de delito, se han colocado los antecedentes en manos del Ministerio Público, buscando siempre la protección de nuestros asistidos y el esclarecimiento de los hechos”, indica la comunicación.
