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20 de Junio de 2013

Estado chileno pagó cerca de $1.250 millones por costas del juicio sobre diario Clarín

El caso fue llevado al CIADI por Víctor Pey y la Fundación española Presidente Allende (FPA), propietarios del diario, que en el momento del golpe militar del 11 de septiembre de 1973 era el de mayor circulación en Chile.

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El Estado chileno pagó esta semana 2,5 millones de dólares (aproximadamente 1.250 millones de pesos) a los demandantes españoles por las costas del juicio iniciado en 1997 sobre la incautación del diario “Clarín” en 1973, según informó hoy el Comité de Inversiones Extranjeras (CIE).

Esa cantidad se abonó a la Fundación Presidente Allende y al empresario Víctor Pey y fue establecida por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), dependiente del Banco Mundial, en una resolución emitida el pasado mes de mayo.

“Ahora estamos a la espera de la decisión relativa al pago de intereses aplicables a las costas ya pagadas, para así dar término a uno de los juicios internacionales más largos en la historia del centro arbitral”, afirmó el vicepresidente ejecutivo del CIE, Matías Mori.

El caso fue llevado al CIADI por Víctor Pey y la Fundación española Presidente Allende (FPA), propietarios del diario, que en el momento del golpe militar del 11 de septiembre de 1973 era el de mayor circulación en Chile.

La dictadura se apropió de todos los bienes del periódico y su sede, en el centro de Santiago, fue utilizada como cuartel secreto de torturas y asesinatos por uno de los varios grupos represivos del régimen militar.

La demanda inicial interpuesta por las demandantes solicitaba una indemnización por la confiscación de los bienes del periódico de 515 millones de dólares, que luego fue aumentada mediante recurso de revisión a 797 millones.

La defensa chilena limitó el monto de dicha indemnización a 10 millones de dólares y posteriormente solicitó la nulidad del fallo condenatorio, que fue acogida por el tribunal internacional en diciembre de 2012.

En su resolución de mayo, el CIADI también recomendó a la FPA y a Víctor Pey suspender el procedimiento de ejecución (embargo de bienes) iniciado ante los tribunales españoles el pasado marzo para obtener el pago de las costas adeudadas por el juicio ante el CIADI.

Hasta la fecha las demandantes no han cumplido esta recomendación, asegura el CIE, que añade que el Estado de Chile se comprometió en todo momento a pagar el monto que el tribunal arbitral internacional estableciera y así lo ha hecho.

El organismo asegura además que ayer jueves la Fundación Presidente Allende y Coral Pey Grebe, hija de Víctor Pey, ambos representados por el abogado Joan Garcés, presentaron ante el CIADI una nueva solicitud de arbitraje contra el Estado de Chile.

En ella, señala el CIE, piden una compensación de 150 millones de dólares por la infracción del deber de trato justo y equitativo y denegación de justicia.

“Esta solicitud aún no ha sido oficialmente registrada ante el CIADI y el tribunal arbitral no ha sido constituido. Si esto sucede observaremos el procedimiento ante este tipo de solicitudes y definiremos la estrategia a seguir, con la finalidad de defender adecuadamente los intereses del Estado de Chile”, indicó Matías Mori.

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